La Suprema Corte de Estados Unidos desechó este lunes una disposición en la ley de registro de votantes de Arizona, que establece como requerimiento una prueba de ciudadanía.
Una mayoría de 7-2 indicó que la Propuesta 200, aprobada por los votantes del estado, interfirió con la ley federal diseñada para hacer más sencillo el registro de votantes.
El estado consideró la medida como una "precaución sensata", para evitar el fraude electoral. Grupos de derechos civiles respondieron que
El juez Antonin Scalia dijo que la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 de Estados Unidos "prohíbe que los estados exijan a un solicitante que presente información adicional a la requerida” por el ámbito federal.
Sin embargo, en un guiño a la autoridad estatal, dijo que la ley federal "no impide que los estados nieguen el registro, a partir de la información que tengan, para establecer la elegibilidad del solicitante".
La apelación fue una disputa clásica, en la línea a menudo delicada entre el conflicto y la cooperación entre los gobiernos estatales y el ámbito federal, sobre la aplicación de los procedimientos de votación.
Durante las elecciones del año pasado, hubo numerosos recursos ante los tribunales, respecto a las leyes de identificación de votantes en los estados.
El Departamento de Justicia de Barack Obama se opuso a la ley de Arizona, que fue más allá de lo que otros estados han hecho, para garantizar la integridad en el sistema de registro.