Diputados uruguayos aprueban producir marihuana bajo control estatal
Por 50 votos a favor de 99 totales, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la noche de este miércoles un proyecto de ley que regula la producción, distribución y consumo de marihuana.
A la espera de la aprobación en el Senado, el país sudamericano se acerca a ser el primer Estado en desafiar la política prohibicionista tradicional en la lucha contra las drogas.
El proyecto pone en manos del Estado la entrega de licencias para la producción de cannabis, regula en 40 gramos mensuales el consumo personal, crea clubes de membresía y permite el cultivo de hasta seis plantas en los hogares, con un máximo de producción de 480 gramos anuales.
La experiencia, señalaron expertos internacionales a CNNMéxico, podría alentar la discusión de medidas en otros países de América Latina, como Argentina, Brasil y México.
“La idea de establecer un límite de consumo no es nueva, y ha sido una forma lógica de asegurar que no se compren cantidades que excedan el consumo personal”, dijo a CNNMéxico John Walsh, de la Washington Office for Latin America (Wola).
“Los líderes uruguayos optan por un marco que quiere sacar un mercado lucrativo de las manos criminales y ponerlo bajo control del Estado. Pero Uruguay es consciente de que debe asegurar a sus vecinos que mantendrá el tema de fronteras hacia adentro”, dijo Walsh.
Colorado y Washington, que a fines del año pasado aprobaron iniciativas que regulan la producción y consumo de marihuana , son las experiencias más cercanas al proyecto uruguayo. Holanda, otro de los países señalados como ejemplo en el tratamiento de la droga, permite el autocultivo y el consumo en coffee shops, pero mantiene el circuito de producción como ilegal.
“Es una iniciativa única; Uruguay está contraviniendo los tratados internacionales al regular el cannabis sin fines médicos o de investigación”, dijo a CNNMéxico Jorge Hernández Tinajero, del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (Cuphid).
De un solo artículo a toda una ley
En agosto de 2012, el presidente uruguayo José Mujica envió el proyecto, que pretende "proteger a los habitantes de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado”.
El consumo de marihuana no está penado en Uruguay, pero sí su producción, comercialización y autocultivo. En el mundo, según datos de la ONU, el mercado ilegal de la marihuana mueve 141,000 millones de dólares. Según una reciente encuesta de la empresa Cifra, el 63% de los uruguayos están en contra del proyecto de ley.
En el debate de este miércoles en la Cámara, se recordó el impacto del narcotráfico en América Latina, con 70,000 muertos entre 2006 y 2012 por la lucha antidrogas en México.
“No buscamos ser un ejemplo para el mundo ni para la región, sino dar una respuesta a los problemas de la población uruguaya”, dijo durante la votación de este miércoles el diputado Sebastián Sabini, integrante del Frente Amplio y uno de los redactores del proyecto.
“La realidad nos plantea desafíos que no estamos afrontando con éxito. Nadie tiene soluciones mágicas. Pero hay que construir alternativas que deberán pasar por la prueba de la realidad”, dijo el legislador Julio Bango, otro de los redactores.
El Partido Nacional y el Partido Colorado, ambos de derecha, votaron en contra, al igual que el Partido Independiente, minoritario y de centro.
Impulso del debate en América Latina
“Es un nuevo paradigma en materia de política de drogas”, dijo a CNNMéxico Lisa Sánchez, directora para América Latina de la organización Transform Drug Policy y de México Unido contra la Violencia. “Uruguay será el primer país en establecer controles estatales efectivos sobre el mercado de marihuana abandonando el prohibicionismo y las estrategias punitivas. Es un punto de inflexión definitivo”.
La propuesta recibió el apoyo de figuras internacionales, como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, que dijo que “es una estrategia que vale la pena ensayar”.
El expresidente de Brasil, Henrique Cardoso, también manifestó su apoyo. Según informó la agencia EFE días atrás un grupo de 65 diputados mexicanos envió un proyecto de apoyo a la ley. “Observamos con admiración y respeto los esfuerzos del Uruguay”, dijeron en la misiva.
“Los líderes de Uruguay han hecho un esfuerzo en decir que no están intentando imponer un modelo. Pero si logran tener éxito, su ejemplo va a abrir el espacio para debatir esta opción en otras jurisdicciones”, dijo Walsh, de Wola.
En Brasil y Argentina puede haber cambios al respecto. “Argentina ha dado algunos pasos positivos tratando a las drogas desde una perspectiva de salud pública a través de su ley de salud mental”, indicó Sánchez.
“Brasil aún nada a contracorriente y se consolida como uno de los países más conservadores y menos progresistas en este tema. Dilma Rousseff ha apoyado iniciativas que van contra toda la evidencia científica como el tratamiento obligatorio para usuarios de pasta base de cocaína o crack”, agregó.
Atención para usuarios problemáticos
La marihuana es en Uruguay la sustancia ilegal más consumida. Según datos oficiales, el 20% de los adultos entre 15 y 65 años ha consumido marihuana una vez en su vida, un 8.3% en los últimos 12 meses y 4.9% en el último mes. Se estima que existen 1,000 productores individuales de marihuana.
“En los últimos años, la marihuana ha ganado creciente legitimidad entre jóvenes y adultos, porque hay una baja percepción del riesgo”, dijo a CNNMéxico el sociólogo uruguayo Agustín Lapetina.
En 2006 se estimaba que 21,138 personas necesitaban tratamiento por uso problemático de la droga. La edad promedio de inicio en el consumo son 18 años. “Es importante que haya programas educativos y campañas con información fidedigna de buena calidad, que se informe a la población y particularmente a los jóvenes”, estimó Lapetina.
El proyecto aprobado incluye la asignatura Prevención del Uso Problemático de Drogas en toda la educación. También instala centros de “información, asesoramiento, diagnóstico, derivación, atención, rehabilitación, tratamiento e inserción” de usuarios problemáticos en ciudades con más de 10,000 habitantes. El artículo 11 de la ley prohíbe la publicidad directa o indirecta de la droga.