La policía guatemalteca detiene a una abogada por la venta de bebés
A Dafne Nayeli Camey la dieron en adopción cuando era un bebé a un centro de Guatemala, donde le cambiaron el nombre y la vendieron a una pareja extranjera. La historia de la niña fue la pista para que la policía y organizaciones civiles descubrieran que se trataba de un ejemplo de miles de casos de tráfico de menores, con la implicación de fiscales, asociaciones intermediarias, abogados y médicos.
Tras analizar distintos casos de adopciones que tenían como destino EU, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destapó la red de tráfico de menores en 2007. Seis años después de la venta de Dafne, las fuerzas de seguridad de Guatemala y la Cicig detuvieron este miércoles a la abogada Hilda Veigili Medina, implicada en la historia de la niña y en al menos otras 70 adopciones ilegales, según la fiscalía guatemalteca.
La Procuraduría General de la Nación tiene registrados en torno a 74 casos en los que ha participado Veigili Media. La cifra podría ascender a un centenar, según estimó Beatriz Maldonado, fiscal del Ministerio Público. "Cuando yo miraba que había papeles de la procuraduría general de la nación y que iban firmados por abogados yo tenía confianza de que todo estaba bien", dijo la abogada Hilda Veigli Medina, al argumentar su inocencia este miércoles.
Además de la abogada, fueron detenidos por el caso de Dafne, el juez de la Niñez y Adolescencia del departamento de Escuintla, Mario Fernando Peralta, la directora de Asociación Primavera, una de las intermediarias, Susana Luarca, y siete personas más, entre ellos, un abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), de acuerdo con un reporte de EFE.
Los padres adoptivos, la mayoría estadounidenses, solían pagar hasta 30,000 dólares por un niño, en un país en el que el ingreso mensual promedio es de 500 dólares. El 80% de las ganancias quedaba en manos de los abogados del trámite y el resto se repartía entre los médicos a cargo de los partos, de acuerdo con un reporte de EFE. En 2007 la Ley de Adopción Nacional se reformó otorgándole prioridad a parejas nacionales, por lo que cada vez menos parejas estadounidenses adoptaban guatemaltecos. La norma estableció desde entonces nuevos controles en las adopciones para asegurar su legalidad.
El negocio de las adopciones supone delitos como la falsificación de documentos, la corrupción de funcionarios públicos, el robo y la compra-venta de bebés, según la Cigig. Esta comisión descubrió que la Asociación Primavera, en la que participaban médicos y jueces, falsificaba actas de nacimiento y muestras de ADN, y se obligaba a las madres a ceder a sus hijos.
El intercambio no siempre se hacía a través de las agencias, en algunos casos los implicados robaban bebés recién nacidos en hospitales para venderlos después.
En lo que va de 2013, la Procuraduría General de la Nación ha recibido 22 denuncias sobre robo de niños en el país, las cuales están siendo investigadas. Actualmente, la abogada Vergili espera la condena del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal por los delitos de trata de personas y asociación ilícita.
"Creo que vamos a seguir enfrentando el robo de niños con diferentes modalidades hasta que no vayamos al fondo de las investigaciones y lleguemos hasta las cabezas importantes de las estructuras de trata de personas", dijo Norma Cruz, directora de Fundación Sobrevivientes, una asociación de apoyo a víctimas de violaciones de derechos humanos.