La violencia amenaza la restitución de tierras en Colombia: HRW
La violencia y la falta de justicia amenazan la restitución de tierras en Colombia, según un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW) sobre uno de los grandes proyectos del presidente Juan Manuel Santos.
El gobierno colombiano debe implementar leyes más contundentes que garanticen que los campesinos recuperen sus tierras. Si no lo hace, corre el riesgo de que el nivel de violencia en el país sudamericano aumente y que la iniciativa más importante del gobierno en materia de derechos humanos sea “irreversiblemente desvirtuada”, advierte el documento de la organización no gubernamental .
El reporte establece que más de 500 desplazados colombianos han denunciado amenazas en el último año y medio, y que 360 se encuentran en situación de “riesgo extraordinario”, por pedir la devolución de las tierras arrebatadas.
La publicación señala los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones por amenazas y que se ha dictado condena en un 1% de las más de 17,000 investigaciones en curso por desplazamiento forzado.
Desde 1985, los abusos y otros hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano forzaron a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, lo que causó la población de desplazados internos más numerosa del mundo, según el informe. Los seis millones de hectáreas de tierra abandonadas fueron tomadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros.
HRW denuncia que las autoridades no han contrarrestado el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, quienes tomaron el control de las tierras y son señalados como los autores de gran parte de los ataques y las amenazas. La organización también señaló como responsables a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El informe El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia fue elaborado a partir de más de 130 entrevistas a campesinos, y a más de 120 funcionarios y autoridades colombianas. El documento, de más de 200 páginas, reseña casos emblemáticos de líderes amenazados y asesinados, y analiza la situación en ocho de los 32 departamentos de Colombia.
Desde que Santos tomó posesión de su cargo como presidente en 2010, los dos asuntos que han marcado su mandato han sido la promulgación de la Ley de Víctimas en 2011 y el inicio de las negociaciones con las FARC a finales de 2012.
El presidente colombiano promulgó en 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras , que establece la devolución de millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a sus propietarios. Desde la entrada en vigencia de la ley, el número de asesinatos relacionados con la devolución de tierras disminuyó, según el informe. Este indica que, a pesar de los intentos y la buena voluntad gubernamental para hacer cumplir la ley, si los culpables se mantienen en la impunidad, la restitución de tierras se aboga al fracaso.
El informe sale a la luz luego de que el Santos enfrentara una huelga nacional de dos semanas organizada por campesinos, camioneros, trabajadores de la salud y miembros de la Central Unitaria de Trabajadores para exigir "reivindicaciones para el campo".
Ambas partes acordaran la firma del Pacto Agrario, lo que provocó disturbios con los líderes de las FARC, quienes llamaron "limosneros" a quienes aceptaron las condiciones del pacto.