Una semana después de que el mexicano Édgar Tamayo fuera ejecutado, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó suspender la ejecución de Herbert Smulls, un prisionero condenado a muerte en Missouri, Estados Unidos.
La ejecución de Smulls estaba planeada para la mañana de este miércoles, luego de que el gobernador del estado, Jay Nixon, le negara clemencia. Pero la noche del martes la Corte Suprema intervino.
"Se ordena que la ejecución de la sentencia quede pendiente a la espera de orden del firmante o de la Corte", escribió el juez Samuel Alito en la orden.
Smulls, de 56 años, fue condenado por el asesinado de Stephen Honickman y por herir a su esposa, Florence, al robar su joyería en Chesterfield en 1991, por lo que fue sentenciado a morir por inyección letal.
Sin embargo, sus abogados presentaron una apelación de último minuto pidiendo al Estado revelar cuál es la farmacia de compuestos que proporcionaría los fármacos de la inyección.
Esta es una táctica común que los abogados han comenzado a usar, ya que muchas compañías farmacéuticas se niegan a fabricarlos, por lo que los Estados recurren cada vez más a farmacias de compuestos, empresas que mezclan varios fármacos para producir el potente producto.
"Cuando las ejecuciones se llevan a cabo usando fármacos compuestos se pierde la transparencia e incluso las preguntas elementales sobre los fármacos que serán usados, incluyendo de dónde vienen y si funcionarán como se debe”, señala Elisabeth Semel, profesora de derecho y directora de la Clínica de Pena de Muerte en la escuela de derecho de la U.C Berkeley.
El gobierno de Texas , pese a los intentos de última hora de sus abogados para impedir su muerte, a la condena del gobierno mexicano y a
La ejecución de Tamayo se realizó tres horas después de la hora prevista (18:00 horas) debido a que la defensa legal del mexicano interpuso un recurso. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos
Tamayo era uno de los 51 mexicanos incluidos en el caso Avena, como se conoce a un fallo que la Corte Internacional de Justicia emitió hace 10 años, en el que pide al gobierno estadounidense revisar las condenas de los mexicanos condenados a la pena capital porque fueron juzgados sin haber contado con asistencia consular inmediata, lo que violó su derecho al debido proceso.
Dave Alsup de CNN contribuyó con este reporte.