España pretende frenar la investigación de crímenes internacionales

La reforma de ley promovida por el Partido Popular (PP) que impide que los tribunales españoles puedan colaborar en la persecución de crímenes relacionados con violaciones de derechos humanos a nivel internacional fue aprobada este martes.

El Pleno del Congreso de los Diputados en España aprobó con 179 votos a favor y 163 en contra, la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica relativa a la Justicia Universal. Dicha ley amparó las acciones de juzgados y tribunales españoles en delitos cometidos en Chile, Argentina, Guatemala, China y Ruanda, entre otros. 

"La Proposición de Ley relativa a la Justicia Universal es un intento de cambio normativo que pretende poner claridad, acomodar nuestra legislación al Derecho Internacional y lo que pretende es ampliar el listado de delitos que van a ser perseguibles", dijo este martes el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso , de acuerdo con un reporte del portal oficial del Partido Popular. 

El debate recuerda los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón en las dictaduras chilena y argentina. El exmagistrado se acogió a la legislación vigente, que permite perseguir delitos que atentan contra la humanidad en su conjunto y de los derechos humanos de todas las personas, al margen de su nacionalidad o del lugar donde vivan. Fue el caso de la detención del dictador chileno Augusto Pinochet por una orden emitida por Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional española. El episodio sentó un precedente en la justicia universal. 

"Queremos que haya una protección de los españoles en el exterior, que haya una capacidad de actuación en los delitos que son más graves y que haya una clarificación de lo que se puede o no se puede hacer para evitar que ésta sea una fuente de disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos", agregó Alonso.

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, consideran que la reforma supone “un retroceso contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional en la aplicación de la justicia y en la defensa de los derechos humanos”, de acuerdo con un comunicado . 

"Esta enmienda es muy decepcionante. En el mundo no hay exceso de casos de jurisdicción universal, lo que hay es un exceso de impunidad", declaró Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch. "La proposición de ley supone una grave limitación de la jurisdicción universal sobre crímenes de derecho internacional y violaría tratados internacionales fundamentales", señala un comunicado de la organización . 

“España transmite así el mensaje de que sus autoridades se preocupan más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos”, de acuerdo con la nota.

El enfado chino

La reforma implica detener cualquier procedimiento judicial respaldado por la ley hasta ahora vigente. El último partió de la decisión de un tribunal español de procesar a cinco exlíderes chinos acusados de represión en el Tibet .

China consideró la orden internacional de detención emitida contra cinco exlíderes chinos una "decisión errónea" y advirtió este martes a España de que la gestión del caso tendrá efectos en la relación bilateral, de acuerdo con EFE. 

"Si este asunto puede gestionarse de manera apropiada o no, guarda relación con el desarrollo saludable de los lazos", afirmó este martes la portavoz china de Exteriores, Hua Chunying, de acuerdo con el reporte de EFE.

"El PP busca limitar la jurisdicción universal 'para contentar a grandes potencias'", declaró la familia del periodista español José Couso, muerto en la guerra de Iraq en 2003. El caso se mantiene abierto, pero la reforma supone archivarlo.

La reforma incluye las siguientes modificaciones, de acuerdo con el documento presentado ante el Congreso :

• Solo podrán ser juzgados los crímenes en los que la víctima sea española o en los que el acusado viva en España, con la única excepción del delito de terrorismo, en cuyo caso no se habilita limitante alguna.
• Para que un crimen sea juzgado, éste deberá ser denunciado por el Ministerio Fiscal o por los agraviados. Se elimina la posibilidad de que un delito sea procesado por petición popular.
• Se agregan delitos que la justicia española podrá perseguir, entre los que se encuentran delitos de tráfico de materiales nucleares, tortura y contra la integridad moral, delitos sexuales contra menores, delitos de violencia contra la mujer y doméstica, delitos contra corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales y delitos de desaparición forzosa.
• Solo podrán ser perseguidos los crímenes de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra cuando el responsable sea español o resida en España, siempre y cuando haya sido denegada una petición de extradición por las autoridades españolas.
• Solo se podrán perseguir los delitos de tortura cuando la víctima sea de origen español o cuando el acusado sea español o resida en España, siempre y cuando la víctima sea de origen español.
• No se podrá perseguir los delitos de género cometidos fuera de España, aun cuando la víctima sea española, si el victimario no es español ni se encuentra en España.