El gobierno de Gran Bretaña considera que interceptar las búsquedas en Google y vigilar el uso de las redes sociales es una práctica legal para los servicios de inteligencia, según un documento divulgado este martes por los medios británicos.
El informe, elaborado por el director general de la Oficina para la Seguridad y Contraterrorismo, Charles Farr, considera que es válido porque se trata de "comunicaciones externas", y detalla la doctrina legal por la que se rigen los servicios de información británicos para rastrear datos en la red.
Según ese documento, el gobierno de Londres interpreta que no es necesaria una orden judicial para vigilar el uso de buscadores como Google y redes sociales como Facebook y Twitter.
"Una búsqueda en Google hecha por un individuo en el Reino Unido implica una comunicación desde el ordenador de quien realiza esa búsqueda con el servidor de Google, que será recibida fuera de las islas británicas", argumenta Farr.
"La otra comunicación, desde Google a ese ordenador, es enviada desde fuera de las islas británicas", por lo que se trata de dos "comunicaciones externas", concluye el responsable de la agencia, que depende del Ministerio de Interior.
El documento fue divulgado por los medios británicos después de que lo hiciera público la organización Privacy International, que junto con otras ONG, como Liberty y Amnistía Internacional (AI), mantiene un proceso abierto en el Tribunal de Poderes de Investigación británico (IPT, en inglés), el órgano que atiende las quejas sobre
Las reclamaciones sobre el espionaje en la red del gobierno británico se iniciaron a raíz de
El pasado verano, el antiguo agente de inteligencia reveló el alcance de los programas de Estados Unidos y Gran Bretaña para acceder a correos electrónicos y comunicaciones de millones de personas.
Ante la polémica que generaron en el país esas revelaciones, el llamado centro de escuchas británico, GCHQ, aseguró en un comunicado que sus actuaciones "se desarrollan de acuerdo con un estricto marco legal y normativo que asegura que todas las acciones están autorizadas, son necesarias y proporcionadas".
El vicedirector de Privacy International, Eric King, afirmó este martes que la doctrina de los servicios de información divulgada en el documento de Farr "va en contra de los derechos humanos fundamentales e inalienables" y que los británicos "no aceptarán esas magras excusas ante la pérdida de sus libertades civiles".