La Ley de Seguridad Ciudadana para España, llamada por los críticos ley mordaza, entró en vigor este miércoles.
Esta polémica en el Parlamento español en marzo pasado, incluye en total que van entre los 100 y los 600,000 euros (1,744 a 10 millones 462,740 pesos) en función de su gravedad.
Estos son algunas de las acciones más controvertidas sujetas a sanción bajo la ley mordaza:
*Alterar el orden público frente al Congreso y el Senado
*Escalar un monumento o protestar en las alturas
*Acampar en la calle o sentadas en lugares públicos
*Fotografiar a los policías o faltar al respeto a los agentes
*Impedir un desalojo
En los últimos años se registraron protestas frente a los edificios parlamentarios contra las políticas de austeridad, y en numerosas de ellas se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, una imagen habitual también en las acciones para impedir algún desalojo de viviendas.
¿Quién está en contra?
La polémica ley, aprobada por el gobierno del Partido Popular, no cuenta con el apoyo de los partidos de la oposición, que han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional y se han comprometido a derogarla si llegan al gobierno.
Desde su aprobación en el parlamento, en marzo pasado, se han registrado numerosas protestas en contra de la ley. Los críticos sostienen que busca limitar las manifestaciones y que va en contra de la libertad de expresión.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Greenpeace, artífices de muchas de las protestas que ahora se castigan, también criticaron fuertemente la ley.
Lo tenemos claro. No queremos
#LeyesMordaza
#SinMordazas
pic.twitter.com/nVWCoryaet
— Greenpeace España (@greenpeace_esp) junio 30, 2015
Ley de Seguridad Ciudadana restringe el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de información
#LaCafeteraAmordazada
— Amnistía España (@amnistiaespana) julio 1, 2015
Vigilaremos el impacto de la ley y hablaremos con partidos políticos para cambiarla la próxima legislatura
#LaCafeteraAmordazada
— Amnistía España (@amnistiaespana) julio 1, 2015
Pero el gobierno defiende la legislación, afirmando que otros “países democráticos de la Unión Europea la tienen en sus ordenamientos”, dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a la televisión estatal.