Juez de Guatemala liga a Pérez a proceso penal y ordena prisión preventiva
Es un hecho: Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, fue ligado a un proceso penal por un caso de corrupción y permanecerá en la cárcel durante su juicio.
Juez de Mayor Riesgo B, ligó a proceso penal por asociación ilicita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo a expresidente
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) septiembre 8, 2015
El juez Miguel Ángel Gálvez, en el Juzgado B de Mayor Riesgo, determinó este martes que el exmandatario sí estará sujeto a un proceso judicial por cargos de corrupción relacionados con la red de defraudación aduanera de La Línea, que ha conmocionado al país centroamericano.
Además, el juez ordenó prisión preventiva al exmandatario, ya que considera que más que un riesgo de fuga, existe peligro de que se obstaculice la averiguación en su contra, indicó la cuenta de Twitter del Organismo Judicial de Guatemala, encargado del caso.
Juez de Mayor Riesgo ordena prisión preventiva a expresidente Pérez Molina por peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad
— Organismo Judicial (@OJGuatemala) September 8, 2015
Pérez Molina permanecerá en prisión durante tres meses, tiempo fijado por el juez para que el Ministerio Público investigue las acusaciones que se le imputan al exmandatario. Se prevé que su próxima audiencia se realice el 21 de diciembre.
La Fiscalía de Guatemala acusó al exmandatario de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera en un caso que generó una crisis política y que llevó a la renuncia de Pérez Molina a la presidencia la semana pasada.
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El militar retirado de 64 años ha negado las acusaciones de su presunto vínculo con esta mafia, que cobraba sobornos por importar mercancías defraudando al fisco y donde presuntamente también se encuentra involucrada la expresidenta del país, Roxana Baldetti , también detenida.
Los cargos contra Pérez Molina fueron sustentados por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente respaldado por la ONU, tras analizar más de 89,000 escuchas telefónicas, miles de correos y documentación obtenida en 17 allanamientos.
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