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Trump enfrenta una demanda por comunicarse con mensajes que se borran

La NSA y una organización civil consideran que al encriptar comunicaciones y borrar tuits, el presidente de EU y su equipo destruyen "registros históricos esenciales".
vie 23 junio 2017 09:05 AM
Prácticas problemáticas
Prácticas problemáticas Borrar los mensajes del Trump viola la Ley de Registros Presidenciales, consideran los demandantes. (Foto: Joshua Roberts/REUTERS)

Dos grupos independientes demandaron el jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su oficina por utilizar aplicaciones encriptadas de mensajería cuyos mensajes se borran después de enviarse, lo que, a su juicio, viola la ley que exige preservar los registros de comunicaciones presidenciales.

La demanda se basa en el uso rutinario que, según informes de prensa, hacen Trump y sus empleados en la Oficina del Presidente de aplicaciones cifradas como Signal y Confide, que borran automáticamente los mensajes después de un tiempo, lo que evitaría que queden archivados para su futuro acceso público.

Los demandantes, la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) y el independiente Archivo de Seguridad Nacional (NSA), expresaron en un comunicado que también les preocupan otras "prácticas problemáticas, incluida la destrucción de los tuits del presidente".

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"Al borrar esos mensajes, la Casa Blanca está destruyendo registros históricos esenciales", indicó el director ejecutivo de CREW, Noah Bookbinder, en el comunicado.

Los estadounidenses no pueden acceder a los registros del presidente mientras él está en el poder, pero la Ley de Registros Presidenciales obliga a hacerlos disponibles cinco años después de su salida de la Casa Blanca, o doce años en el caso de la información confidencial.

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Las organizaciones plantean la posibilidad de que la costumbre de Trump de borrar algunos de sus tuits , en muchos casos por faltas de ortografía, pero en ocasiones por otras razones, suponga una violación de la Ley de Registros Presidenciales.

La demanda, presentada ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington, exige también la publicación de los registros de visitantes que recibe la Casa Blanca, que el gobierno de Trump ha dejado de hacer públicos.

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