La Corte de EU invalida deportación de condenados por 'crímenes de violencia'
La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó este martes una disposición de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que han sido condenados por "crímenes de violencia", sosteniendo que la ley es inconstitucionalmente vaga.
El caso, Sessions contra Dimayas, se originó durante la administración Obama, pero se había observado de cerca para ver si los jueces revelarían cómo considerarían el impulso general de la administración Trump tanto para limitar la inmigración como para aumentar las deportaciones.
Como se esperaba después del debate oral, el juez Neil Gorsuch se unió a los jueces más liberales por primera vez desde que se unió al tribunal para producir una mayoría de cinco a cuatro invalidando el estatuto federal. Al hacerlo, Gorsuch continuó con la jurisprudencia del juez Antonin Scalia, que también se alió con los liberales en lo que respecta a la vaguedad de los estatutos utilizados para condenar a los acusados.
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Solo ocho jueces escucharon el caso el último trimestre después de la muerte de Scalia, y a fines de junio, el tribunal anunció que volvería a escuchar los argumentos esta vez, presumiblemente para que Gorsuch pudiera romper una especie de empate.
James García Dimaya, originario de Filipinas, fue admitido en los Estados Unidos en 1992 cuando tenía 13 años como residente legal permanente. En 2007 y 2009, él no se opuso a los cargos de robo residencial en California. En 2010, el gobierno de Obama presentó un proceso de deportación contra Dimaya. Un juez de inmigración determinó que Dimaya era removible de los Estados Unidos debido a sus dos condenas en un tribunal estatal.
El tribunal sostuvo que las condenas calificaban para un "delito grave con agravante" en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza la destitución de no ciudadanos que han sido condenados por algunos delitos violentos y define el delito grave como "delitos de violencia".
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Los abogados de Dimaya apelaron la remoción argumentando que era inconstitucionalmente vaga y que su cliente nunca tuvo un aviso justo de que sus crímenes resultarían en la deportación.
Sugirieron que el razonamiento de una opinión Scalia 2015, que golpeó una disposición de la Ley penal de la carrera armada como inconstitucionalmente vaga, debería extenderse a su caso.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de Dimaya.
En la corte, argumentando a favor de la administración Trump, el viceprocurador general Edwin Kneedler dijo que cuando se trata de deportación, "creo que es importante que la corte entienda que las disposiciones de inmigración y los motivos para la deportación a menudo se escriben en términos muy amplios y generales y contenido dado por el poder ejecutivo en el que el Congreso tiene autoridad investida ".
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Michael Kagan, de la Universidad de Nevada Las Vegas, experto en leyes de inmigración, señala que el desafío de Dimaya comenzó cuando el presidente Barack Obama todavía estaba en el cargo y que el fallo del martes es "otra señal del tribunal de que el debido proceso importa cuando se trata de la deportación. "
"Esta decisión es algo que los inmigrantes pueden citar mientras defienden más protecciones constitucionales en otras áreas", dijo.
