La CEPAL propuso este martes la entrega de un ingreso básico de emergencia mensual de por seis meses a 215 millones de latinoamericanos pobres, los más afectados por la pandemia del coronavirus.
Al largo plazo, el organismo de Naciones Unidos indicó que el alcance de estas medidas debe volverse volverse permanente, así como ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a los estratos de la población vilnerable en caer en ella.
Este tipo de ingreso servirá para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, algo crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida, señaló la CEPAL en el informe El desafío social en tiempos del COVID-19, presentado este martes.
La extensión del coronavirus por la región llevará a un desplome de las economías regionales durante este año, con una caída promedio del PIB de 5.3%, lo que llevará a 28.7 millones de personas bajo la línea de pobreza. La CEPAL estima que 15.9 millones de personas más estarán en condiciones de pobreza de extrema.
De acuerdo al organismo, los mayores aumentos de la pobreza extrema se darán en México, Nicaragua y Ecuador, mientras que la pobreza en general aumentará especialmente en Argentina, México, Ecuador y Brasil.
En línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0.5% y el 6.0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
"La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro", dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, en rueda de prensa virtual.
Bárcerna urgió a avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar basado en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo.
En este contexto, el organismo con sede en Santiago propuso la entrega inmediata de un ingreso básico de emergencia (IBE), con la perspectiva de permanecer en el tiempo según la situación de cada país.
Este ingreso de emergencia (IBE) equivale al costo per cápita para adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades esenciales para la población en situación de pobreza en 2020, es decir, 215 millones de personas o el 34.7% de la población regional.
La medida implicaría un gasto adicional del 2.1% del PIB regional para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
Según el reporte, los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia son las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
En el reporte,la CEPAL dijo que la desigualdad en asuntos como acceso al agua, saneamiento, sistema de salud y vivienda, también pueden traducirse en mayores tasas de contagio y muerte entre la población más vulnerable.
"Los diferentes impactos socioeconómicos reflejan la matriz de la desigualdad social en la región", dijo el informe. Estas desigualdades sociales, de género, étnico-racial y migratorias, entre otras, "se acumulan, se potencian e interactúan entre sí, causando múltiples discriminaciones".
Según el reporte, "las mujeres se encuentran en una situación particularmente vulnerable" debido a que sus condiciones laborales son más precarias que las de los hombres, con mayores tasas de informalidad, por lo tanto "están más expuestas al riesgo de desempleo".
Entre ellas, las trabajadoras domésticas que reciben remuneración (un 11,4% de las mujeres ocupadas) están en una situación más compleja, con limitado acceso a seguridad social. Muchas de esas mujeres son migrantes, indígenas o afrodescendientes, dijo el organismo.
Pero en general, para las mujeres el panorama se hace más complejo con las medidas de confinamiento adoptadas para frenar los contagios, el cierre de escuelas y la perspectiva de que sean ellas quieren deben cuidar a los potenciales contagiados en los hogares.
"La carga de trabajo doméstico no remunerado que asumen las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como los casos de violencia hacia ellas, se incrementan significativamente", alertó la CEPAL.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Saluds, ee han reportado más de 1.74 millones de casos de COVID-19 en las Américas, con más de 104,000 muertes.
Con información de AFP y Reuters
