Uno de ellos, Arturo Martínez, fue secuestrado por policías después de ser deportado a México, torturado y retenido para pedir el pago de un rescate. Y otro, Eduardo Gutiérrez, fue torturado por pandilleros por su orientación sexual, añadió la organización.
A su regreso a Estados Unidos, estos dos querellantes y otros fueron evaluados por un oficial de asilo que determinó que actuaban de buena fe y se decidió que quedaran a la espera de un proceso judicial para estudiar su situación, detalló la ACLU.
Pero debido a la acumulación de demandas en los tribunales "los casos pueden tardar años en concluir, lo que significa que las personas son detenidas de forma rutinaria durante períodos de tiempo extremadamente largos", explicó la organización.
Después de pasarse meses sin respuesta, pidieron acudir a un juez de inmigración para que determinara si constituían un peligro de fuga o para la comunidad y, en caso contrario, les concediera la libertad bajo fianza, lo cual les fue denegado.
Entonces decidieron ir a juicio. Dos tribunales federales de apelación dictaminaron en 2019 que después de seis meses de detención los inmigrantes tenían derecho a una vista judicial.
El gobierno del ex presidente republicano Donald Trump, quien convirtió la lucha contra la inmigración irregular es una de las prioridades de su presidencia, solicitó entonces a la Corte Suprema que revocara estas sentencias.
Pide ayuda caravana migrante al presidente Joe Biden
En 2021 el gobierno de su sucesor, el demócrata Joe Biden, siguió la lucha emprendida por Trump.
