La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este domingo el régimen de excepción por un mes, a pedido del presidente Nayib Bukele, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de al menos 76 homicidios en dos días.
"Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales", consigna el decreto, aprobado por 67 de los 84 diputados del parlamento unicameral.
La decisión del Legislativo, controlado por los oficialistas, restringe la libre asociación y reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones sin orden judicial, el derecho a ser informado el motivo de una detención y a contar con abogado desde la captura.
También habilita extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas.
La disposición "tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos" a la Policía y Fuerza Armada para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial".
Bukele, que ya promulgó la norma, aclaró que los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal, razón por la cual "para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal".
Bukele, un milenial de 40 años con amplio apoyo popular, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.
Pero en diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente haber negociado con pandillas para que apoyen al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.
A cambio, las pandillas obtuvieron dinero del gobierno y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas, dice la acusación.
Bukele aseguró en aquel momento que todo era una "mentira" y acusó a gobiernos anteriores de haber realizado ese tipo de actividades.
La decisión del Legislativo sigue a una jornada sangrienta el sábado, con 62 homicidios, según consignó en Twitter la Policía Nacional Civil (PNC), que ya había informado de otras 14 muertes el viernes, también relacionadas con pandillas.
La Constitución salvadoreña establece el régimen de excepción, por el que se suspenden algunas garantías, se puede aplicar "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público".
El diputado opositor de la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí Jaime Guevara consideró que "la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería", por lo que abogó mantenerse "en el respeto irrestricto de los derechos individuales" de la población.
Bukele aseguró que "todo (fue) dentro del marco constitucional" por lo que "no hay nada que alegar en contra".
La Policía y el Ejército de El Salvador mantenían este domingo un operativo en el que, según informó la PNC, varios cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos, acusados de ser "responsables de los homicidios registrados en las últimas horas".
Bukele lamentó el sábado este "nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir".
"Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto", añadió.
El mandatario dijo que la Policía y la Fuerza Armada "deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros".
Bukele pidió a la Fiscalía "ser eficaz con todos los casos" y advirtió que estará pendiente de "los jueces que favorezcan delincuentes".
Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, llamó al gobierno a "prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso".
Bukele es criticado por sus opositores por actitudes que consideran "autoritarias". Washington lo ha reprochado por no respetar la separación de poderes, al haber destituido con la ayuda del Parlamento a magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General.
"Urge que el gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho", dijo Juan Pappier, de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.
En noviembre pasado el país sufrió otro repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70,000 miembros en El Salvador, más de 17,000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones y narcotráfico.
El Salvador cerró 2021 con 1,140 homicidios, un promedio de 18 muertes por cada 100,000 habitantes, menos de los 1,341 registrados en 2020 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según datos oficiales
