Gabriel Boric, presidente de Chile, está chocando con la realidad económica de su país.
Boric presentó a principios de julio un proyecto de reforma fiscal, que incluye una regalía para la actividad minera y un impuesto a la riqueza, para financiar los derechos sociales en el país sudamericano.
Se trata del pilar del programa de gobierno del mandatario izquierdista, que asumió el poder el 11 de marzo pasado, con la promesa de poner en marcha un robusto sistema de protección social, con mejoras en la salud, educación, viviendas sociales, pensiones y la puesta en marcha de un sistema nacional de cuidado, entre otros puntos.
"El objetivo de la reforma tributaria es avanzar en mayor equidad, mayor igualdad y cohesión social para que todos estemos un poquito más protegidos", afirmó Boric, tras el anuncio de la reforma que busca recaudar el equivalente l 4.1% del PIB en cuatro años.
Esta iniciativa "busca generar los recursos que van a permitir financiar muchas de las reformas de carácter social y de diversificación productiva que están en la agenda de gobierno", reafirmó por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
"Expresa la búsqueda de mayor equidad y justicia", dijo. La reforma propuesta "se concentra fundamentalmente en la tributación de las personas que tienen mayores ingresos", agregó.
Sin embargo, este proyecto se presenta en un momento complicado para la economía chilena, cuya moneda se ha desplomado en las últimas semanas y con una inflación que supera los dos dígitos.
La reforma, que va a ingresar en cuatro proyectos de ley separados al Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría, incluye un impuesto a las personas con un patrimonio mayor a los 5 millones de dólares (unas 6,300 personas) y un aumento de los impuestos personales que afectará sólo a 3% asalariados, con sueldos a partir de los 4 millones de pesos (4,275 dólares).
Se establece también un nuevo régimen tributario para la gran minería, con una producción mayor a las 50,000 toneladas métricas de cobre fino, del que Chile es su principal productor mundial.
"El diseño de royalty (regalía) mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio que se encuentran, en todo momento, por sobre los límites que las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión", dijo Marcel.
El ministro explicó que esta reforma es posible y necesaria, ya que Chile tiene aún una gran holgura para aumentar la carga tributaria. La estructura de recaudación del país, además, está más concentrada en los ingresos por el IVA e impuestos corporativos y menos en los impuestos a la renta personal, lo que para Marcel es algo “atípico".
Un reciente informe de la OCDE reveló que la carga tributaria como porcentaje del PIB de Chile está entre las más bajas del organismo, con 20.7% en 2019 frente al promedio de 34.7% de sus miembros.
"Más allá del programa de gobierno, ésta es una reforma que acerca al país a la estructura tributaria de países más avanzados", agregó el ministro.
Además de los cambios al impuesto a la renta y a la riqueza, se estipulan otros mecanismos que limitan exenciones e introduce medidas contra la elusión y evasión fiscal.
De aprobarse estas medidas se estima que en 2023 la recaudación fiscal de Chile aumentará 0.6% del PIB, 1.8% en 2024 y 3.1% en 2025, hasta llegar a 4.1% en régimen.
El experto en planificación y gestión tributaria de la Universidad de Chile, Germán Pinto, explicó que el proyecto de reforma "genera muchas expectativas por las grandes necesidades sociales que desde hace muchos años la población está demandando".
También advirtió que "es un gran desafío" para el gobierno porque tiene que conseguir mayor recaudación "sin ahogar al emprendimiento privado y a la inversión extranjera", señaló Pinto.
Sin embargo Marcel y Boric se han topado con un panorama económico cada vez más complicado, con un reciente desplome del peso chileno ante el dólar y una inflación galopante, que puede alcanzar 11%, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas publicada el martes por el Banco Central de Chile.
El último mes la moneda local ha caído más de 15%, llevándola incluso a rozar por primera vez la barrera sicológica de los 1,000 pesos por dólar.
El conflicto en Ucrania y los temores a una recesión en Europa y Estados Unidos, además de la ralentización de la demanda china, son algunos de los elementos externos que han atizado un deterioro de la situación.
"Por el hecho de tener (Chile) un tipo de cambio flotante es más volátil que otros países de América Latina, pero la diferencia es que tenemos una economía que no está dolarizada (...) por lo tanto la volatilidad cambiaria no genera riesgos para la estabilidad financiera como sí a veces ocurre en otros países", dijo Marcel en una breve entrevista con la agencia Reuters.
"Por supuesto está el impacto en la inflación. En Chile el traspaso de variaciones cambiarias a inflación también es más moderado que en otros países de la región", agregó.
Marcel dijo que el gobierno busca suavizar el impacto en algunos rubros como los combustibles —que el país importa casi en su totalidad—, así como el aumento de la canasta básica.
"Lo que estamos haciendo nosotros es usar los mecanismos que tenemos para estabilizar algunos precios, tenemos un mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles (...) por lo que hemos podido amortiguar más que países que simplemente han eliminado su impuesto específico", explicó el funcionario.
También recordó que se usan otros mecanismos adicionales para apoyar a las familias de menores recursos mediante un subsidio familiar para paliar el alza de los precios.
Justo el lunes, el gobierno chileno anunció el lunes un plan de ayudas sociales y económicas de invierno por unos 1,200 millones de dólares que contempla bonos y subsidios laborales, en medio de una fuerte presión inflacionaria y enfriamiento de la economía tras la recuperación postpandemia.
El programa contempla un bono por unos 120 dólares para unos 7.5 de los 19 millones de habitantes, la extensión de licencias para el cuidado de hijos recién nacidos y la ampliación de un subsidio mensual a la contratación formal de trabajadores.
"Estamos haciendo todos los esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados por esta crisis, sin abandonar nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal", dijo Boric, de acuerdo con un comunicado de la presidencia de Chile.
Esta semana, el propio Boric calificó de "tremendamente preocupante" la reciente alza del dólar, lo que atribuyó a la debilidad del precio del cobre —mayor exportación local— pero también a factores internos como la incertidumbre de cara al plebiscito sobre una nueva constitución.
"La incertidumbre sin lugar a dudas contribuye y por eso es importante que los diferentes actores políticos demos señales de certidumbre y que acá nos vamos a poner de acuerdo", dijo a periodistas.
Agregó que tras el plebiscito "cualquiera que sea el resultado" se abrirán conversaciones para buscar que el texto que rija genere la mayor unidad posible.
Un operador de moneda extranjera en Santiago dijo que la incertidumbre interna "se ha traducido en una fuga de capitales por parte de agentes externos y también algunos locales que han salido a comprar dólares para invertir en países que para ellos representan un menor riesgo”.
El 4 de septiembre los chilenos acudirán a las urnas para aprobar o rechazar una propuesta de nueva Constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta ahora, los sondeos muestran una ventaja del rechazo al nuevo texto.
Con información de AFP y Reuters
