"Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal", sostuvo Benavides.
Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder.
Los fiscales, que acusaron también a ex ministros de estar implicados en prácticas de corrupción, indagan a legisladores de un partido centrista del Congreso, dominado por la oposición, por supuestamente beneficiarse con obras públicas y colocar a funcionarios en puestos clave, a cambio de apoyar la gestión del mandatario.
Castillo, que asumió al poder en julio de 2021, enfrenta varios escándalos y ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en el fragmentado Congreso. El mandatario rechaza hechos de corrupción y ha acusado a los fiscales de ser cómplices de grupos de poder que buscan su destitución.
Castillo encara cinco investigaciones, entre ellas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.
Las denuncias incluyen a la esposa del mandatario y a su cuñada, quien actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses, en la mayor escalada en las investigaciones fiscales.
