El gobierno de Honduras anunció el sábado que suspenderá garantías constitucionales en sectores de las dos principales ciudades del país, controlados por grupos criminales dedicados a la extorsión, narcotráfico y el sicariato, un fenómeno que se extiende a casi toda la nación centroamericana.
El también llamado estado de excepción, que se prolongará por 30 días, será aplicado a partir del martes en algunas de las zonas más pobres de la capital, Tegucigalpa, y la norteña ciudad San Pedro Sula, asoladas por un "impuesto de guerra" que tiene en jaque a pobladores, comerciantes y transportistas.
