"El gobierno aplica arbitrariamente leyes muy restrictivas a las organizaciones no gubernamentales para limitar su capacidad de registrarse, acceder a financiación u operar legalmente", agrega.
HRW y la organización Freedom Now documentan en un informe 33 casoss con "procesamientos penales, detenciones y acoso" que ilustran los esfuerzos del gobierno por "diezmar a la sociedad civil".
Entre ellos figura el caso del defensor de los derechos humanos Anar Mammadli quien, antes de su arresto en abril de 2024, cofundó la organización Climate of Justice Initiative, para promover la defensa del medioambiente.
Está a la espera de juicio por "contrabando" y se expone a ocho años de cárcel.
"La ONU y los países que participan en la COP29 deberían subrayar la importancia de una sociedad civil próspera e independiente para lograr una acción climática ambiciosa", escribió HRW.
La cancillería de Azerbaiyán calificó las acusaciones de "tendenciosas e inaceptables".
Todo signo de disidencia en Azerbaiyán es generalmente objeto de una enérgica respuesta del régimen, duramente criticado por los países occidentales por la persecución de opositores políticos y el amordazamiento de los medios de comunicación.
Ilham Aliev, de 62 años, gobierna el país desde 2003, tras la muerte de su padre, Heydar Aliev, líder comunista de la era soviética y exgeneral del KGB.
La Unión por la Libertad de los Presos Políticos de Azerbaiyán publicó una carta con 288 nombres, entre los que hay responsables de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas.
