De acuerdo con la Constitución surcoreana, el Parlamento podría derogar la ley marcial por mayoría, aunque el acceso al edificio legislativo se encuentra actualmente bloqueado por fuerzas militares.
Más temprano, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial, ordenando el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y sometiendo a los medios de comunicación a control estatal.
La medida, justificada por el mandatario como necesaria para proteger el país de "fuerzas comunistas", ha generado una fuerte reacción tanto dentro como fuera del país.
Esta acción marca la primera ley marcial en Corea del Sur desde los años 80, revelando entre la comunidad, el pasado del país que esta marcado por la represión durante las leyes marciales de las décadas de 1970 y 1980, como la masacre de Gwangju.
Park An-su, comandante encargado de implementar la ley marcial, anunció que "todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, los partidos y las manifestaciones, están estrictamente prohibidas". Los medios estarán bajo supervisión para "preservar el orden constitucional".
De acuerdo a The Korea Times, la oposición y exmandatarios han alzado la voz en rechazo. Moon Jae-in, expresidente de Corea del Sur, calificó la situación como "una grave amenaza a la democracia" y llamó al Parlamento a actuar para proteger el sistema democrático.
Mientras tanto, Kim Kyung-soo, exgobernador de Gyeongsang del Sur, advirtió que el país no debe repetir "la tragedia de la Primavera de Seúl", en referencia a episodios autoritarios pasados.
Yoon argumentó que su decisión busca combatir "actividades antiestatales" de la oposición, a quienes acusó de paralizar el gobierno con mociones de censura e intentos de sabotaje legislativo. Desde su llegada al poder en 2022, el mandatario ha enfrentado múltiples impugnaciones por parte del opositor Partido Democrático de Corea (DPK), que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional.
¿Qué es la ley marcial?
Según el Martial Law Command Decree No. 1 , todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, los partidos, las asociaciones y las manifestaciones, quedan estrictamente prohibidas. Además, cualquier intento de subvertir el sistema democrático, junto con la difusión de noticias falsas o la manipulación de la opinión pública, será considerado ilegal.
Asimismo, quedan prohibidas las huelgas, los paros laborales y las reuniones que puedan alterar el orden social. Particularmente, se ordenó a los médicos y al personal sanitario en huelga regresar a sus labores en un plazo de 48 horas, bajo amenaza de sanciones legales.
La comunidad internacional observa con atención esta situación que pone a prueba la estabilidad democrática de Corea del Sur, una nación clave en Asia Oriental.
Con información de AFP.
