La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2025 intensificó los temores sobre los retrocesos en derechos fundamentales para las personas de género disidente y las mujeres. En un contexto de creciente polarización política, las políticas anti-transgénero, los discursos misóginos y las restricciones reproductivas dominan la agenda de su partido, generando incertidumbre y vulnerabilidad entre las comunidades más afectadas.
Un frente crucial bajo el liderazgo del republicano es el ataque a los derechos de las personas transgénero y no binarias. Desde su primer mandato, Donald Trump dejó clara su postura al eliminar protecciones para estudiantes trans en las escuelas y prohibirles también el servir en el ejército. Estas acciones fueron el comienzo de una serie de leyes restrictivas que limitan la participación de las personas trans en actividades sociales y educativas.
El miércoles, la Corte Suprema —de mayoría conservadora— discutió sobre respaldar una ley de Tennessee que prohíbe la atención de afirmación de género para menores trans. Esta ley impide que los médicos prescriban medicamentos que retrasan la pubertad, proporcionen terapia hormonal o realicen cirugías para tratar lo que la ley define como “incomodidad o angustia de una discordancia entre el sexo del menor y su identidad de género”.
El problema con este debate es que los argumentos empleados para limitar el acceso de menores trans a tratamientos de afirmación de género podrían utilizarse posteriormente para endurecer más los procesos de transición en edades avanzadas, afectando a toda la comunidad trans.
Entre 2018 y 2022, se promulgaron más de 48 leyes anti-trans en 19 estados. Estas leyes, de acuerdo con un informe de The Trevor Project, publicado en Nature Human Behavior, están asociadas con un aumento del 72% en los intentos de suicidio entre jóvenes trans y no binarios. Edurne Balmori, directora ejecutiva de las operaciones de The Trevor Project en México, afirma que estas políticas no solo afectan el acceso a servicios vitales, sino que envían un mensaje devastador: "No perteneces aquí, no tienes derecho a existir tal y como eres."
Sin embargo, las políticas anti-LGBTQIA+ continúan aumentando, de acuerdo a un estudio realizado por la Unión Americana de Libertades Civiles, actualmente hay 15 estados con leyes activas que atentan contra la comunidad. Entre todos suman 46 leyes, siendo Texas el que concentra más con 14 seguido de Utah con 6. También, hay
102 proyectos de ley avanzando en el proceso legislativo para ser aprobados o rechazados.
Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista independiente y activista LGBTQIA+, señala que estas políticas no solo desmantelan derechos, sino que socavan el pacto social mismo. “Cuando llegó Trump, ya había leyes y programas importantes, como la obligatoriedad de charlas antirracismo en oficinas gubernamentales, pero él simplemente las eliminó. Esto demuestra que, por más avances constitucionales, legislativos o judiciales que se logren, todo puede ser deshecho por un líder que decida borrar los logros con un 'cuenta nueva'.”
Esta dinámica no solo afecta la salud mental de las comunidades trans, sino que también refuerza la idea de que los avances en derechos humanos están constantemente en riesgo de ser revertidos.
El regreso de Donald Trump al poder ocurre en un contexto en el que los derechos reproductivos habían sufrido un golpe histórico con la revocación de Roe v. Wade en 2022. Este fallo, que durante casi 50 años garantizó el derecho al aborto en Estados Unidos, dejó a millones de mujeres y personas gestantes a merced de legislaciones estatales, muchas de las cuales han implementado restricciones severas o prohibiciones totales.
La decisión de la Corte Suprema ha generado un efecto dominó que ha intensificado la presión en los estados para promover políticas restrictivas, afectando principalmente a quienes ya enfrentan barreras económicas, raciales y sociales.
Al menos 13 estados prohíben el aborto completamente, incluso en casos de violación o incesto, según CNN con datos del Instituto Guttmacher. Esta ofensiva legislativa tiene un impacto desproporcionado en mujeres de comunidades racializadas, migrantes y de bajos recursos, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios médicos.
Trump y sus aliados republicanos han utilizado el aborto como un estandarte político para atraer a votantes conservadores.
Aunque el aborto suele ser abordado como un tema que afecta únicamente a mujeres cisgénero, es crucial destacar que también impacta a hombres trans y personas no binarias. Estas comunidades enfrentan barreras adicionales, como la falta de médicos capacitados para atender sus necesidades específicas, la invisibilidad de su identidad en las políticas de salud reproductiva y el estigma dentro del sistema de salud, que frecuentemente los lleva a no ser reconocidos como personas con necesidades de atención médica plena.
Las consecuencias no son solo físicas, sino también económicas y psicológicas. Las mujeres afroamericanas, latinas, migrantes y las personas trans de estas comunidades enfrentan desafíos adicionales debido a la intersección de género, raza y clase. Estas poblaciones suelen tener menos acceso a servicios médicos, educación y empleo, lo que las hace más vulnerables a las políticas regresivas.
Por ejemplo, según la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), las mujeres negras tienen tres veces más probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres blancas.
Además, el estudio llamado The Turnaway Study demostró que las personas a las que se les niega un aborto enfrentan mayores tasas de pobreza, desempleo y violencia doméstica, así como un deterioro significativo en su salud mental. Este estudio, realizado entre 2008 y 2010, incluyó a 1,000 mujeres que buscaron abortos y comparó las que pudieron acceder a estos servicios con aquellas que fueron "rechazadas". Las mujeres que fueron rechazadas, en su mayoría de comunidades racializadas, reportaron peores condiciones económicas y emocionales a lo largo de los años.
Ahora bien, el impacto de estas políticas no solo viene acompañado por las restricciones legales, sino también se refuerza a través del discurso público. Este discurso juega un papel crucial en la legitimación de la discriminación, al normalizar narrativas que perpetúan estigmas y exclusiones.
En particular, figuras públicas como Elon Musk y J.D. Vance amplifican esta violencia simbólica a través de sus plataformas. Musk, por ejemplo, rechazó públicamente a su hija trans, calificando su identidad como resultado de un "adoctrinamiento ideológico". Estos comentarios, aunque no afectan directamente la legislación, refuerzan prejuicios y fomentan la desinformación, contribuyendo a una cultura de rechazo hacia las personas trans.
Gerardo Sánchez Guadarrama señala que esta problemática no es exclusiva de Estados Unidos, sino que refleja una tendencia global en la que la política está gobernada "por lo peor" de las ideologías.
“La revista The Economist definió 2024 como el año de la caquistocracia, que significa ‘gobierno de lo peor’. Nos están gobernando los peores seres humanos, lo peor de la especie humana está administrando los recursos públicos,” menciona Sánchez.
Esta crítica resalta cómo las políticas regresivas, ya sean de derecha o izquierda, perpetúan un sistema diseñado para priorizar intereses económicos y de poder sobre los derechos humanos. Sánchez también hace referencia a posturas conservadoras dentro de la izquierda, citando como ejemplo el enfoque del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto al aborto y los derechos LGBTQIA+ en México, pues en su gobierno dejó estos temas al debate ciudadano en lugar de asumir un liderazgo claro.
Por otro lado, discursos como el llamado “borrado de mujeres” se han utilizado para argumentar que incluir a personas trans o no binarias en espacios tradicionalmente asociados al feminismo cisgénero es un intento de desplazar a las mujeres. Sin embargo, estas ideas carecen de sustento y se alimentan de temores infundados que, en muchos casos, nacen de sesgos y desinformación.
Este tipo de discursos no solo dividen movimientos que históricamente han estado alineados, sino que también invisibilizan las luchas de las personas trans y no binarias dentro de los mismos espacios feministas, señalan los especialistas.
En respuesta a este entorno hostil, organizaciones como The Trevor Project han redoblado esfuerzos para brindar espacios seguros y afirmativos. Durante las elecciones de 2024, por ejemplo, la organización que promueve espacios seguros para jóvenes LGBTQIA+ registró un aumento del 700% en sus solicitudes de ayuda tras la victoria de Trump, lo que evidencia la conexión entre el discurso público y el impacto directo en la salud mental de las personas jóvenes. Además que Balmori, comparte que un 90% de jóvenes encuestados previo a las elecciones, señalaron que la política es uno de sus principales detonadores.
De acuerdo con Edurne Balmori, estas iniciativas no solo son esenciales en tiempos de crisis, sino que también envían un mensaje de inclusión y resistencia. “Cualquier espacio que brinde apoyo emocional y reafirme la dignidad de las personas LGBTQIA+ es un acto de resistencia frente a las políticas y discursos que intentan excluirnos,” menciona Balmori.
Además, según Gerardo Sánchez Guadarrama, estas respuestas colectivas se enmarcan dentro de una tradición histórica de resistencia interseccional. “Llevamos apenas unas décadas en la era de los derechos humanos. Es natural que estos cambios generen resistencia, pero eso no significa que debamos ceder ante narrativas que buscan dividirnos,” agrega Sánchez.
Sin embargo, el periodista también enfatiza que la acción desde la sociedad civil y los movimientos de base será clave para enfrentar los retos actuales. “El primer esfuerzo está en los medios de comunicación, en las redes sociales y en cómo nos movilicemos como sociedad. Ya quedó claro que de los gobiernos no va a salir. Nunca ha sido desde el poder; siempre ha sido desde abajo.”
Históricamente, las luchas de las personas racializadas, LGBTQIA+ y el feminismo han estado entrelazadas. Estas intersecciones no solo han fortalecido movimientos de resistencia, sino que también han permitido cuestionar sistemas de opresión que afectan a múltiples comunidades de manera simultánea.
