Este caso se centra en un pago de 130,000 dólares realizado a Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 para silenciar una supuesta relación extramatrimonial. El pago fue efectuado por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, y posteriormente reembolsado por la Organización Trump, registrándolo como gastos legales. La fiscalía argumentó que estos registros fueron falsificados para encubrir una violación de las leyes de financiamiento de campañas.
A pesar de la condena, Trump sigue siendo el principal candidato republicano y asumirá la presidencia el 20 de enero de 2025. Este hecho marca un precedente histórico, ya que será el primer presidente en funciones con una condena penal. El equipo legal de Trump ha anunciado su intención de apelar la sentencia, argumentando que el proceso judicial ha sido politizado y carece de fundamento legal.
Además de este caso, Trump enfrenta otras investigaciones legales, incluyendo una relacionada con la manipulación de resultados electorales en Georgia y otra sobre la retención de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Sin embargo, se espera que algunas de estas investigaciones sean desestimadas tras su investidura, debido a la inmunidad presidencial.
La situación ha generado un intenso debate en Estados Unidos sobre la imparcialidad del sistema judicial y las implicaciones de tener a un presidente en funciones con antecedentes penales. Mientras tanto, Trump continúa afirmando su inocencia y denuncia una persecución política en su contra.
Con información de Reuters y AP.
