“A medida que la actual pausa de la financiación detiene los programas del Departamento de Estado para combatir la delincuencia transnacional, paradójicamente se congela y amenaza con desfinanciar el compromiso de los Estados Unidos en algunas de las mismas cuestiones que la administración actual identifica como clave para mejorar no solo la seguridad de México, sino la de los Estados Unidos”, señala WOLA.
La USAID brindaba apoyo de las instituciones mexicanas para abordar la crisis de desapariciones forzadas del país, y daba asistencia que buscaba mejorar y proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos y apoyar el desarrollo económico y las instituciones de justicia a nivel estatal.
“Cortar tales programas no solo perjudicaría a personas y grupos en México, sino que podría socavar el enfoque de la administración actual en la migración, debilitando los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de por qué las personas migran, como el crimen y la inseguridad”, señala la organización.
Algo parecido pasa en Centroamérica, donde la USAID atendía programas con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otros que trabajan con instituciones gubernamentales para abordar la inseguridad económica; combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática, promover el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos, laborales y una prensa libre.
Los países del triángulo norte de Centroamérica —Guatemala. El Salvador y Honduras— eran parte de las prioridades de la asistencia para el desarrollo de Estados Unidos. La suspensión de este tipo de apoyo puede tener resultados parecidos a los de México.
El actual presidente ya ha vivido con las consecuencias de retirar fondos de cooperación a estos países. En 2019, cuando el presidente Trump decidió congelar y reprogramar 450 millones de dólares en ayuda extranjera de Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador, los efectos sociales y humanitarios dañaron los intereses de su país.
De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, los recortes afectaron a "65 de los 168 proyectos del Departamento de Estado, y 92 de los 114 proyectos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos”.
En Honduras, por ejemplo, USAID tuvo que cancelar un proyecto de 8 millones de dólares que estaba reduciendo la reincidencia penal entre los jóvenes en riesgo.