Por decreto del presidente Javier Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad, un órgano del Ministerio de Salud de Argentina, oficializó términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar grados de discapacidad mental, un cambio que ha sido reprobado por organizaciones de derechos humanos.
Milei oficializa insultos para referirse a personas con discapacidad mental
Por decreto de Javier Milei, Argentina podrá usar términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar grados de discapacidad mental y determinar si califican para una pensión.
Publicidad
¿De dónde provienen los términos?
El origen proviene de la Resolución 187/2025, publicada el 14 de enero , en el que se establecen diferentes modificaciones para otorgar pensiones por invalidez laboral en el país, según el Anexo I.
Dicho anexo determina la “Normativa para la Evaluación Médica de Invalidez para las Pensiones No Contributivas”, es decir, son los criterios oficiales que deben considerar las autoridades médicas para otorgar una pensión.
Los términos “idiota” e “imbécil” aparecen en la sección XIII Psiquismo, “Retardos Mentales”, menciona los términos de clasificación para el déficit en el crecimiento mental y desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico.
La @andiscapacidad y @PAMI_org_ar comenzarán a auditar todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
✅El objetivo es reorganizar el sistema de pensiones para que se otorguen a quienes cumplen con los requisitos vigentes y que efectivamente la necesiten.
La… pic.twitter.com/JIsCR8y4lZ
— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) February 5, 2025
Según el documento, se clasifican por grupos, según sus características del coeficiente intelectual (CI):
“0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo;
30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias;
50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias;
60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual; 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal.”
La normativa determina que aquellos que presentan “debilidad mental profunda o mayor”, les corresponde la pensión, y aquellos “débiles mentales fronterizos, leves y moderados”, tendrán derecho a la pensión cuando no hayan desarrollado sus disponibilidades básicas ni hayan realizado actividades remunerativas.
La catalogación está basado en un instrumento de medición de inteligencia de 1905 de Alfred Binet y Théodore Simon, en Paris. La escala fue utilizado en escuelas, para distinguir a aquellos que necesitaban una ayuda especial.
La prueba de inteligencia de Binet-Simon, por traducción, emplea los términos de "idiotez", "imbecilidad", "debilidad" y normalidad".
Reacciones de rechazo
Organizaciones argentinas de derechos humanos y de personas con discapacidad, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), mostraron una postura de rechazo porque “discrimina y estigmatiza al evaluar a las y los beneficiarios”.
Además, solicitan derogar la resolución, por ser regresiva en los derechos humanos, por usar las expresiones “idiota” e “imbécil”.
👉 Pensiones por invalidez: @andiscapacidad discrimina y estigmatiza al evaluar a las y los beneficiarios
⚠️ Alertamos que se usan expresiones como “idiota” o “imbécil”; le reclamamos a la ANDIS derogar una resolución regresiva en materia de #ddhh .
— ACIJ (@ACIJargentina) February 21, 2025
“Las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad. Son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención, que en el artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto y dignidad de las personas, luchar contra prejuicios y estereotipos. Usar estos términos es contrario a los deberes que establece este artículo en cuanto a la lucha contra la discriminación", señala Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ para el periódico argentino La Nación.
Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), califica el uso de esos términos como un acto de “violencia institucional sin precedentes” y enfatizó que “es un acto discriminatorio que muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en la Argentina sobre cómo referirse a ellas. Hablar en términos tan peyorativos que denostan a la otra persona es una terminología muy violenta. Si ya está escrito en una norma, es grave”.
Publicidad
Más acerca del autor:
Newsletter
Publicidad