La condena, emitida por el tribunal correccional de París, la inhabilita por cinco años y le impone una pena de dos años de prisión firme, que podrá cumplir bajo arresto domiciliario con pulsera electrónica una vez que la sentencia sea definitiva.
Se le acusa de haber orquestado un sistema mediante el cual los asistentes parlamentarios de su partido, financiados por el Parlamento Europeo, trabajaban en realidad para la formación política, algo prohibido por la legislación comunitaria.
El escándalo ha sacudido el panorama político francés. "Le prohibieron presentarse durante cinco años y ella era la principal candidata. Eso suena como este país, suena muy parecido a este país", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en una muestra de apoyo, durante un mitin en Florida el lunes.
División política y reacciones a la condena
Mientras la izquierda y el centro político llamaron a respetar la decisión judicial, la clase política francesa se encuentra dividida. El primer ministro, François Bayrou, expresó su "apoyo incondicional" a los jueces, aunque fuentes cercanas a su despacho indicaron que estaba "consternado" por la dureza de la sentencia.
El alto magistrado Rémy Heitz rechazó las acusaciones de parcialidad en el proceso: "No es una decisión política, sino judicial", subrayó, asegurando que se trató de un "proceso justo". Además, lamentó que la presidenta del tribunal haya requerido protección policial tras el fallo, debido a amenazas recibidas.
Según un sondeo de Elabe, el 57% de los franceses considera que la sentencia fue una decisión judicial justificada, mientras que el 42% la ve como una maniobra política para impedir su candidatura.
"Nadie está por encima de la ley", opinó Marc Fonteneau, elector en Marsella, consultado por el diario Le Monde.
La sentencia establece que Le Pen estaba en el "corazón" de un "sistema" que operó entre 2004 y 2016, desviando fondos públicos a través de falsos empleos en el Parlamento Europeo.
En total, 24 personas, entre miembros y trabajadores de RN, fueron declaradas culpables, junto con el partido. Los condenados deberán devolver 3,2 millones de euros al Parlamento Europeo (más de 70 millones de pesos mexicanos), que se suman a los 1,1 millones ya abonados.