El gobierno de Donald Trump al frente de una campaña contra migrantes en situación irregular que califica de “criminales”. Durante la campaña electoral, el presidente prometió llevar a cabo la mayor deportación de la historia del país.
Desde que tomó el poder en enero, el republicano tomó una serie de medidas drásticas para frenar la migración como poner fin a un programa humanitario para más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes tienen de plazo hasta el 24 de abril para regularizar su estatus.
También acabó con el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal o TPS, que afecta a cientos de miles de venezolanos.
Entre las acciones más agresivas de Trump para acelerar las expulsiones y proyectar mano dura contra la migración está el envío a una megacárcel en El Salvador de más de 200 personas, en su mayoría migrantes venezolanos sin historial delictivo, de acuerdo con un informe de la cadena CBS.
El gobierno invocó una ley del siglo XVII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para justificar estas expulsiones. Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos presentaron ya demandas en los tribunales para contrarrestar el uso de esta norma.
El lunes, la Corte levantó la orden de un tribunal federal que bloqueó las expulsiones de los migrantes venezolanos a El Salvador, pero precisó que los detenidos tienen derecho a ser notificados y a impugnar su deportación con “un tiempo razonable”.