El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió que las organizaciones sin fines de lucro que presentaron una demanda para detener los ceses masivos carecían de legitimación para hacerlo.
Al analizar la demanda, el juez californiano William Alsup ordenó el mes pasado a seis agencias federales que volvieran a contratar a 16,000 trabajadores en período de prueba despedidos.
Alsup afirmó que la justificación del "bajo rendimiento" para su cese era una "farsa" y ordenó a los departamentos del Tesoro, Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía e Interior que los reincorporaran.
John Roberts, el personaje clave
El juez que permite que la Corte mantenga un equilibrio es el presidente del tribunal, John Roberts. En los últimos 20 años, este juez alineado con los conservadores emitió varios de los fallos más importante de la corte, como el que puso fin en 2022 al derecho federal al aborto.
Roberts, quien fue nombrado magistrado en la presidencia del republicano George W. Bush, defendió hace poco la independencia del poder judicial ante los ataques de Donald Trump.
El 18 de marzo, Trump pidió la destitución del juez federal de Washington James Boasberg, quien emitió un fallo que prohibía la expulsión de migrantes bajo la ley de enemigos extranjeros.
"Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial", afirmó en un comunicado.
Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond, dijo a la agencia AFP que la intervención de Roberts es "extremadamente inusual", pero recordó que ya hizo declaraciones similares después de que Trump criticara a los jueces federales durante su primer mandato de 2017 a 2021.
Entonces dijo que la Corte Suprema"no tiene jueces de Obama, ni de Trump, ni de Bush, ni de Clinton", afirmó Tobias.