El presidente Donald Trump no se lleva bien con la libertad de prensa. En su primer mandato no pasó ni un día sin tuitear que los medios de comunicación de tendencia liberal, como CNN y The New York Times, difundían noticias falsas sobre su gobierno.
En su nuevo gobierno, que inició hace 100 días, el republicano dio varios pasos más allá.
"En los primeros 100 días del segundo mandato de Trump hay una especie de verdadera variedad vertiginosa de acciones que golpean el corazón de la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo en Estados Unidos", dijo Katherine Jacobsen, coordinadora de programa para Estados Unidos, Canadá y el Caribe del Consejo de Protección de Periodistas (CPJ).
En un reporte, la organización indicó que notó en los últimos tres meses un aumento en el número de redacciones que piden consejos sobre seguridad, pues están preocupadas por los cambios en el ambiente político en Estados Unidos.
Trump trata de neutralizar a medios de comunicación mediante una serie de medidas que, de acuerdo con sus críticos, son inconstitucionales.
Además, continua con sus acusaciones constantes contra los medios de comunicación tradicionales, solo que ahora desde su propia plataforma, Truth Social.
Por ejemplo, el viernes calificó de "ilegales" y "corruptos" a los medios de comunicación estadounidenses que lo critican.
"Creo que CNN y MSDNC, que escriben literalmente un 97.6% de cosas malas sobre mí, son brazos políticos del Partido Demócrata", afirmó en un discurso en el departamento de Justicia ante fiscales y agentes de seguridad. "Y, en mi opinión, son realmente corruptos e ilegales. Lo que hacen es ilegal", dijo.
No es el único. Elon Musk, dueño de X (antes Twitter) y encargado de los recortes al gasto gubernamental, también aprovecha sus espacios para insultar a la prensa.
En una publicación dijo que los periodistas del programa 60 Minutes de la CBS merecen "largas penas de cárcel".
"Pensar en el tipo de acoso en línea y en la preocupación general sobre lo que puede pasar a continuación es lo que tiene en gran parte un efecto escalofriante", dice Jacobsen.
Estos son algunas de las amenazas a la libertad de prensa que viven los periodistas estadounidenses durante el gobierno de Donald Trump.
Uno de los principales cambios en la presidencia de Trump en comparación con la de sus predecesores o de la suya propia en 2017, son los procedimientos que permiten el acceso a la Casa Blanca y la composición del grupo de medios y periodistas que cuentan con acceso regular a los eventos pequeños y cerrados del presidente.
El republicano facilitó el acceso a la Casa Blanca a otros medios de comunicación que antes eran marginales y de derecha.
En cambio, le cerró la puerta a los medios críticos con sus medidas.
"Estos tiene el potencial de sentar precedente por el cual los presidente eligen y seleccionan a los medios de comunicación que los cubren más de cerca", indica el CPJ.
Un ejemplo es lo que sucede con la agencia Associated Press (AP). Desde el 11 de febrero, la Casa Blanca impide que un reporteros de este medio accedan a las conferencias de prensa en la Casa Blanca o viajen en el Air Force One.
La razón es la negativa de AP de dejar de usar el término Golfo de México en vez de "Golfo de América" como decretó el presidente en los primeros días de su gobierno.
En su guía de estilo, AP señala que el Golfo de México se llama así desde hace "más de 400 años".
"Associated Press se referirá a él por su nombre original al tiempo que reconoce el nuevo nombre elegido por Trump", continúa la agencia de noticias.
En una nota editorial, AP explicó que el decreto que cambia el nombre sólo tiene autoridad en Estados Unidos, porque México y otros países y organismos internacionales no la reconocen.
Dos semanas después de vetar a AP, la Casa Blanca despojó a los periodistas de la facultad, casi centenaria, de decidir quiénes forman parte del grupo de reporteros y fotógrafos que cubren los actos presidenciales.
Esta decisión llegó llegó a la justicia. El juez de distrito Trevor McFadden declaró a principios de abril que la "negación de acceso a AP basada en puntos de vista" viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión y de prensa.
"Si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas, ya sea al despacho oval, la sala este u otros lugares, no puede luego cerrar esas puertas a otros periodistas debido a sus puntos de vista", sostuvo.
A pesar de esta orden, la agencia denunció el 14 de abril que un reportero y un fotógrafo suyos fueron excluidos de la conferencia de prensa que Trump ofreció junto con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Trump también emprendió ataques legales contra la cadena de televisión privada CBS y el periódico The Des Moines Register, y obligó a ABC (grupo Disney) a pagar 15 millones de dólares bajo amenaza de demanda por difamación.
La demanda de Paramount, propietaria de CBS, gira en torno a una entrevista preelectoral de 2024 en el programa "60 Minutes" con la rival demócrata de Trump, Kamala Harris, que, según él, fue editada para eliminar una mala respuesta.
El miércoles, Trump reforzó este tipo de amenazas, pues aseguró que "examina atentamente" posibles acciones contra el New York Times, que en su opinión podría ser responsable "de interferencia ilícita, incluso en elecciones".
En su plataforma Truth Social, Trump criticó duramente la cobertura del New York Times sobre su demanda contra Paramount, propietario de CBS.
"Es vital que estos mentirosos y estafadores rindan cuentas", afirma.
La "interferencia ilícita" se produce cuando un contrato o una relación comercial se ven perjudicados intencionalmente por las acciones de un tercero.
Varios medios de comunicación estadounidenses informaron en los últimos días que la dirección de Paramount ha acordado llegar a un acuerdo con Trump.
Al informar sobre el posible acuerdo, medios como el New York Times señalan que muchos analistas legales consideran que el caso de Trump carece de fundamento y que probablemente será desestimado o fracasará por el amparo a la libertad de prensa.
"El caso que tenemos contra 60 Minutes, CBS y Paramount es un verdadero éxito", declaró Trump el miércoles.
El CPJ también dice que hay otras preocupaciones sobre cambios legales que pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de prensa.
"También hemos visto algunas cosas preocupantes en el frente legal, las directrices del Departamento de Justicia que anteriormente protegían a los periodistas de que las autoridades intentaran fijar sus registros de formularios para descubrir la fuente de la filtración", indicó Jacobsen.
El gobierno del magnate republicano también desmantela las "voces" de Estados Unidos en el extranjero, como Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty y Radio Free Asia.
El 16 de marzo, el gobierno comenzó los despidos masivos en Voice of America (VOA) y otros medios financiados por en el gobierno.
Los contratistas constituyen gran parte de la plantilla de VOA y son la mayor proporción de personal en los servicios de lengua no inglesa.
Muchos de ellos no son ciudadanos estadounidenses, lo que significa que posiblemente dependen de sus trabajos para mantener sus visas de permanencia en Estados Unidos.
La mayoría del personal a tiempo completo de VOA, con más protecciones legales, no fueron despedidos de inmediato, pero siguen en suspensión administrativa y les pidieron no presentarse a sus puestos de trabajo.
Voice of America, creada durante la Segunda Guerra Mundial, transmite en 49 idiomas en todo el mundo con la misión de llegar a países sin libertad de prensa.
La agencia contaba con 3,384 empleados en el año fiscal 2023 y para sus operaciones para el año fiscal vigente había solicitado 950 millones de dólares.
La financiación federal de las emisoras públicas NPR (radio) y PBS (televisión) también está bajo amenaza.
"Cuando un gobierno utiliza sus poderes para sofocar la libertad de expresión y amenazar a la prensa, estamos entrando en un nuevo territorio", opinó Reece Peck, profesor de Periodismo en la Universidad de Nueva York, en entrevista con la agencia AFP.
En ese sentido, recordó que la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones (FCC), al frente de la cual Donald Trump colocó a su aliado político Brendan Carr, inició investigaciones contra CBS, ABC y NBC, así como contra NPR y PBS.
