Senadores apoyan propuesta de Trump
El presidente sostuvo que su gobierno busca que esta sanción sea legalmente vinculante, y aseguró que ya colabora con algunos legisladores.
Entre ellos, se encuentra el senador republicano por Missouri, Josh Hawley, quien respaldó la iniciativa señalando que cualquier persona que queme la bandera mientras comete un delito “debería ir a la cárcel” y que la condena “debería duplicarse”. Según Hawley, esa conducta no estaría protegida por la Primera Enmienda.
Sin embargo, el precedente legal no favorece a la propuesta de Trump. En 1989, la Corte Suprema dictaminó que la quema de la bandera es una forma de discurso simbólico amparada por la Constitución, un fallo que ha sido reiterado en distintas ocasiones desde entonces.
La propuesta presidencial surge en un contexto de alta tensión social en Los Ángeles. Las protestas, que ya cumplen cinco días consecutivos, comenzaron como respuesta a una serie de redadas migratorias en barrios y centros laborales.
Las protestas en Los Ángeles
Aunque la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, se han registrado disturbios, con reportes de vandalismo a tiendas y vehículos. La policía local ha realizado más de cien arrestos en 24 horas, en su mayoría por negarse a dispersarse, y ha empleado gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para contener a los manifestantes.
Trump no ha escatimado en calificativos al referirse a los manifestantes, a quienes llamó “animales” y “un enemigo extranjero”. Sugirió, además, que su administración investigará quién podría estar financiando las protestas.
“Es un ataque total a la paz, al orden público y a la soberanía nacional”, afirmó el presidente, denunciando la presencia de “alborotadores que portan banderas extranjeras” como parte de una supuesta “invasión extranjera”.
Entre las banderas que dijo haber visto ondear en las manifestaciones mencionó las de México y países centroamericanos.
En respuesta, Trump ordenó el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional y de los Marines en la ciudad, una decisión duramente criticada por autoridades californianas, incluyendo el gobernador demócrata Gavin Newsom.
Este sostuvo que las fuerzas locales tenían la situación bajo control y acusó a Trump de querer escalar el conflicto. El estado de California ha interpuesto una demanda en su contra, acusándolo de violar la décima enmienda de la Constitución.
