La propuesta de Donald Trump para modificar el gasto y los impuestos en Estados Unidos también transformará la política migratoria de este país. La iniciativa, que espera solo una segunda revisión de la Cámara de Representantes, incluye más recursos para la detención y deportación de migrantes.
También contempla un aumento de la vigilancia en las fronteras, con la construcción de muros y el despliegue de más agentes de inmigración.
Si se aprueba en la Cámara Baja, la ley también limitará el acceso a servicios de salud, educación y otros beneficios públicos para los inmigrantes, incluso para aquellos que ya son residentes legales o ciudadanos.
El proyecto de ley estima dar más de 60,000 millones de dólares en fondos suplementarios durante cuatro años para el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos con el fin de aumentar las operaciones de seguridad fronteriza. Los fondos estarían disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029, meses después del final de la segunda presidencia de Trump.
De aprobarse, la ley proporcionará 46,500 millones de dólares para la "construcción, instalación o mejora" de barreras físicas, carreteras de acceso y "atributos del sistema de barreras", es decir, cámaras, luces, sensores y más, a lo largo de las fronteras sur y norte de los Estados Unidos.
La Casa Blanca declaró que el proyecto de ley financiaría la construcción de "701 millas de muro primario, 900 millas de barreras fluviales, 629 millas de barreras secundarias y 141 millas de barreras para vehículos y peatones".
También se otorgarán 5,000 millones de dólares para la construcción y mejora de las instalaciones del CBP, incluidas las instalaciones de detención a corto plazo del CBP y los puestos de control en las fronteras sur y norte.
El proyecto incluye 4,100 millones de dólares para contratar y capacitar a 3,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y 5,000 nuevos oficiales de aduanas de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO), así como personal de apoyo. También proporciona a CBP 2 mil millones de dólares en bonos de retención y contratación.
También dará 2,800 millones de dólares para el uso de tecnología de seguridad fronteriza a lo largo de las fronteras norte y sur, y 1,100 millones en nuevos equipos de inspección no intrusivos, incluyendo "inteligencia artificial, integración y aprendizaje automático" para combatir el tráfico de sustancias ilícitas.
El proyecto de ley proporciona 75,000 millones de dólares en fondos suplementarios durante cuatro años para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplíe las operaciones de aplicación del interior, lo que representa una expansión sustancial de las operaciones de detención y deportación de inmigrantes dentro de los Estados Unidos.
Históricamente, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) operan como una agencia financiada principalmente por honorarios, con amplias exenciones de tarifas y ajustes destinados a minimizar las tarifas para las presentaciones de inmigración humanitaria.
Sin embargo, el proyecto de ley establece una nueva y extensa estructura de tarifas en todos los procesos de inmigración, con aumentos significativos para los trabajadores inmigrantes y aquellos que buscan protecciones humanitarias, creando un cambio fundamental en la estructura de tarifas. Además, el proyecto de ley indexa todas las tarifas a la inflación, asegurando aumentos continuos a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se impondrá una tarifa de asilo mínima de 1,000 dólares más una tarifa de 550 dólares para solicitar una autorización de empleo, lo que creará barreras financieras significativas para las personas que buscan protección, señala el Foro Nacional de Inmigración.
El proyecto de ley también crea tarifas de asilo anuales de al menos 100 dólares para las solicitudes de asilo pendientes.
Se requerirá a quienes reciben permisos humanitarios que paguen al menos 1,000 dólares más 550 dólares por la autorización de trabajo. Impone tarifas de al menos 500 dólares más 550 dólares para los solicitantes del Estado de Protección Temporal.
Los migrantes con permisos humanitarios, los solicitantes de asilo y los beneficiarios del estado de protección temporal tendrán que renovar su Documento de Autorización de Empleo (EAD) cada seis meses, pagando al menos 550 dólares cada vez. Actualmente, los EAD para los solicitantes de asilo pueden ser válidos hasta por cinco años.
La ley impone una tarifa inicial de 3,500 dólares para patrocinar a un niño no acompañado con tarifas adicionales de liberación de 5,000 dólares. Establece honorarios y sanciones especiales para los inmigrantes menores para los patrocinadores cuyos hijos no acompañados no comparezcan ante los tribunales.
"Los aumentos tendrán el impacto de crear barreras financieras significativas para muchas personas que buscan acceso a beneficios de inmigración y procesos legales", señala el Foro Nacional de Inmigración.
La ley prohibirá que inmigrantes legalmente presentes accedan a Medicaid, Medicare y subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), impone requisitos laborales; limita el acceso al programa de asistencia alimentaria y penaliza a familias de estatus mixto, incluso perjudicando a hijos de ciudadanos estadounidenses.
Tras la aprobación en el Senado, el texto con enmiendas volvió ayer a la Cámara de Representantes para su revisión. El calendario señala que se espera que la Cámara vote esta semana, posiblemente durante o justo después del receso por el 4 de julio. Si la Cámara aprueba la versión del Senado sin cambios, el proyecto pasará directamente al presidente Trump para su firma.
Grupos de derechos civiles, organizaciones de defensa y funcionarios estatales la han condenado por eliminar el debido proceso, restringir el acceso a servicios de salud y desestabilizar económicamente a millones de familias, mientras canaliza billones de dólares hacia la deportación masiva.
Esta ley afecta con dureza a las familias de bajos y medianos ingresos, debilita su estabilidad financiera y reduce la fuerza laboral disponible, indican especialistas.
“Este proyecto de ley privará a entre 12 y 17 millones de estadounidenses de atención médica básica, mientras invierte niveles sin precedentes de fondos en la cada vez más impopular agenda de deportaciones masivas del presidente, la cual socava la seguridad pública y crea caos en las comunidades estadounidenses,” dijo Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Estadounidense de Migración, a Los Ángeles Times.
“En un momento en que las encuestas muestran que cada vez más estadounidenses rechazan la detención y deportación masiva, este proyecto ignora lo que quiere la ciudadanía y se aferra a políticas punitivas que no abordan los verdaderos problemas de nuestro sistema migratorio, incluyendo los retrasos en los tribunales, la falta de vías legales hacia la ciudadanía y un sistema de asilo roto”, dijo Gupta.
El proyecto tiene la meta de recortar 300,000 millones de dólares de la educación pública, así como negar la asistencia alimentaria a 4.5 millones de personas, incluidos niños.
