La Corte analizará atraer el caso de la muerte del cardenal Posadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó al ministro Juan N. Silva Meza para analizar la posibilidad de que este órgano jurisdiccional atraiga el caso de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas, ocurrido hace casi 17 años en el aeropuerto de Guadalajara.
El pasado 24 de marzo, el gobierno de Jalisco solicitó a la SCJN atraer el caso Posadas, insatisfecho con la investigación que hasta ahora ha llevado la Procuraduría General de la República (PGR).
En un escrito, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez; el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, y el abogado José Antonio Ortega solicitan al órgano jurisdiccional revise el caso Posadas.
“Nombre a alguno o algunos de sus ministros o algún juez de distrito o magistrado de distrito, o designe uno varios comisionados especiales para que averigüen la verdad de los hechos que consideramos constituyen una grave violación a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución y a los derechos humanos”, se lee en la solicitud enviada por el gobierno de Jalisco.
En el acta donde se asigna al ministro en turno, se establece además que los promoventes de la causa estiman trascendental, por la naturaleza del asunto, que se consulte a la SCJN, a fin de que determine el trámite a seguir.
Una vez que la subsecretaría general de Acuerdos designó al ministro Silva Meza para que analice la solicitud del gobierno de Jalisco, éste deberá presentar el resultado de su análisis ante alguna de las salas, misma que a su vez y en caso de que proceda lo turnará a un último ministro, quien finalmente lo presentará al pleno de la SCJN que emitirá el fallo definitivo.
La ley no fija plazos para el análisis de solicitudes como ésta, por lo que los ministros pueden tomarse el tiempo necesario antes de emitir un fallo definitivo.
El ministro Juan Silva Meza, de 65 años, fue nominado al cargo por el ex presidente Ernesto Zedillo y es identificado en la corriente liberal; entre otros casos llevó el del gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien le atribuyó responsabilidad política por haber violado las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
Ni funcionarios del gobierno de Jalisco ni representantes del arzobispado tapatío estuvieron disponibles para hablar de este nuevo recurso ante la SCJN.
El caso
El 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto internacional de Guadalajara murieron a manos de sicarios el cardenal tapatío Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más.
La PGR estableció como hipótesis del magnicidio que el cardenal murió circunstancialmente en medio de un fuego cruzado entre dos bandas del narcotráfico, la de Joaquín El Chapo Guzmán y la de los hermanos Arellano Félix.
La dependencia estableció que los sicarios de los Arellano llegaron al aeropuerto con la encomienda de matar a El Chapo, a quien finalmente “confundieron” con el Cardenal, dándole muerte en el mismo auto en el que viajaba junto a su chófer, quien también fue victimado.
El sustituto de Posadas, el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, en representación de la Iglesia católica y apoyado por el gobierno de Jalisco, ha sostenido desde entonces que el crimen no fue circunstancial y que, por el contrario, fue planeado y ordenado por el gobierno federal en turno debido a que el prelado muerto tenía información privilegiada respecto a “peces gordos de la política” involucrados con el narcotráfico.
El caso está en reserva. Tanto el gobierno de Jalisco como la iglesia católica han insistido para que se saque de este estado: “Queremos saber quién y por qué, no para vengarnos, sino para saber a quién perdonar”, ha dicho en innumerables ocasiones Sandoval Iñiguez.
En el libro El verdadero rostro del cardenal, que recoge la opinión de Sandoval Íñiguez en diferentes temas, el prelado revela en uno de los capítulos que han surgido nuevos elementos en el caso de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, mismos que entregó al Vaticano y que refuerzan la hipótesis de un crimen intencional y no de una confusión como sostiene la autoridad.
“El caso no está cerrado, está en reserva abierto a nuevos elementos, han surgido nuevos elementos que entregué a Roma. Estas nuevas aportaciones ameritan que el caso salga de la reserva y se ventile”, agrega.
