El Ejército mexicano es requerido por tribunales internacionales
El Estado mexicano declara este jueves ante los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Inés Fernández, una mujer indígena de Guerrero que acusó a miembros del Ejército Mexicano de haber sido violada y torturada.
Las expectativas de Amnistía Internacional son positivas porque hay todas las pruebas necesarias y un precedente en México.
Fernández ha pasado por el Ministerio Público de Guerrero, los tribunales militares mexicanos y ahora ante la CIDH. Pide justicia por aquel 22 de marzo de 2002, cuando estaba en su casa, en Me'phaa, junto a sus cuatro hijos, y un grupo de soldados irrumpió en el lugar, la amenazó apuntándole con sus rifles, y ahí, frente a los pequeños, los militares la violaron.
Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional, en entrevista con CNNMéxico, dijo que el primer obstáculo que encuentran quienes han visto sus derechos violentados por soldados, es paradójicamente la justicia militar.
“Quienes cometen los crímenes se investigan y se juzgan a sí mismos: todos son militares menos las víctimas. Esa es una carta directa a la impunidad”, aseguró Herrera.
Es optimista sobre la decisión final de la CIDH por el precedente en el caso de Rosendo Radilla, un indígena guerrerense “desaparecido” durante la llamada 'guerra sucia' del gobierno mexicano contra los activistas sociales.
Entonces, la CIDH declaró la culpabilidad del Estado y ordenó la reforma al artículo 57 del Código Penal Militar, que permitiría, entre otras cosas, que los soldados sean juzgados por autoridades civiles y la reposición del daño a las víctimas.
“Aún es prematuro hablar sobre el cumplimiento del gobierno a la sentencia, pero lo importante de estos casos es que evidencian los abusos cometidos por el Ejército, señala la falta de acceso a la justicia para la población y cuestiona a los tribunales militares”, expresó el Herrera.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de militares no iniciaron con el despliegue de las fuerzas como parte del combate al narcotráfico, pero se han multiplicado con la presencia militar en todo el país.
“Aún no tenemos un diagnóstico completo, pero según cifras de la Comisión de Derechos Humanos, el número de quejas contra el Ejército aumentó 1,000 % de 2006 a 2009”, agrega Alberto Herrera.
Lucha contra la “justicia”
Guerrero, al sur del país, permanece militarizado desde la década de 1970, cuando grupos guerrilleros se refugiaban en la sierra.
Desde entonces, las comunidades han convivido con las fuerzas armadas y no siempre en buenos términos.
Después de lo sucedido con Inés Fernández en 2002, el Ministerio Público local y los tribunales militares llegaron a las mismas conclusiones: no había pruebas de que la mujer haya sido objeto de una agresión sexual, aunque nunca se le realizaron los análisis médicos necesarios, ni se había determinado a los supuestos responsables.
Pero Fernández sabía quiénes eran, no su nombre, pero los había visto en los alrededores porque pertenecían al 41 Batallón de Infantería.
"Ante la imposibilidad de conseguir justicia en México y la reparación del daño que les son debidos, Inés Fernández y sus familiares no tuvieron más opción que elevar su reclamo ante el tribunal regional", dijo Amnistía Internacional.
Esta no fue la primera vez que la mujer de 35 años enfrentó los obstáculos de la justicia. El 9 de febrero de 2008, su hermano Lorenzo Fernández Ortega fue privado de su libertad por un grupo de desconocidos y encontrado muerto al día siguiente.
Miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, Lorenzo había encabezado las protestas y demandas legales de los 14 indígenas que, afirman, fueron esterilizados por la fuerza en 1998.
Y según Amnistía Internacional, éstos son sólo una botón de muestra, "parte del patrón de hostigamiento y abusos cometidos contra miembros de la comunidad Me'phaa, quienes han sufrido discriminación, abusos e injusticia durante muchos años”.
En la audiencia de este jueves, la Corte escuchará los informes periciales de tres expertas, propuestas por los representantes de la víctima y de la CIDH.
El Tribunal escuchará los alegatos finales de las partes y los eventuales pedidos de reparación.
