La Corte se prepara para decidir si atraerá el caso Posadas Ocampo
El próximo lunes la Corte dará un paso más en su análisis para determinar si acepta atraer el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más, hace 17 años en el aeropuerto de Guadalajara.
En una lista difundida este viernes, de los asuntos programados para la próxima semana por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), establecen como segundo punto escuchar la ponencia que el ministro Juan N. Silva Meza preparó en torno a la solicitud del gobierno de Jalisco para atraer la investigación del magnicidio.
El gobierno de Jalisco, representantes legales de la Arquidiócesis de Guadalajara y familiares de las víctimas pidieron el mes pasado que la Corte revisara el caso Posadas por considerar que la procuraduría de justicia ha actuado con dolo y corrupción en la investigación.
La SCJN dio entrada a la solicitud y la turnó para un primer análisis al ministro Silva Meza.
El expediente 305/2010 que la SCJN asignó a esta solicitud será puesto a consideración de los Ministros, quienes escucharán la ponencia que ha preparado Silva Meza.
Lo que valorará la Corte el próximo lunes es "si la complejidad de los acontecimientos planteados amerita un estudio más detenido y profundo y un pronunciamiento amplio por parte de este alto Tribunal, que no corresponde a la naturaleza de un acuerdo de Presidencia ni a la consulta, sino a una resolución colegiada", se lee en la notificación.
El Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más murieron el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
La PGR estableció varias hipótesis como causa del asesinato, todas ellas apuntando a que la muerte de estas personas fue circunstancial en medio de un fuego cruzado entre dos bandas del narcotráfico.
El gobierno de Jalisco y la iglesia católica de Guadalajara insisten en que se trató de un crimen de estado en contra del prelado porque tenía información que vinculaba a políticos con el crimen organizado.
La importancia de la Corte en el caso
El procedimiento iniciado por el gobierno de Jalisco ante la SCJN, es el mismo que investigó otros casos de violación a los derechos humanos, como el asesinato de indígenas en la comunidad de Aguas Blancas a manos de policías de Guerrero; las amenazas que la periodista Lydia Cacho recibió del gobernador de Puebla, Mario Marín, o el caso de los niños muertos en el incendio de una guardería en Hermosillo, Sonora.
"Es una vía que establece el artículo 97 de la Constitución y que se reserva para casos graves de violaciones a los derechos humanos, es la facultad que tiene la Corte para poder intervenir directamente en cualquier instancia judicial del país", explicó el secretario General del Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez en entrevista con CNNMéxico.
Dijo que la petición del gobierno, iglesia y deudos para que la Corte atraiga el caso está fundamentado en una "gravisima violación" a los derechos de justicia.
El funcionario agregó que hay muchas expectativas de que la SCJN pueda estudiar al fondo del caso, se conozca la verdad y se castigue a los responsables.
"Se van a cumplir 17 años de impunidad, las actuaciones del Ministerio Público están cargadas de manipulaciones, de testigos falsos, amenazas, contradicciones procesales, donde desde un prinicipio no hubo más que el afán de acreditar la hipótesis preconcebida de una confusión y no existió y no hay la intención de llegar a la verdad", dijo Pérez Peláez.
Agregó que las autoridades judiciales no han sido capaces de juzgar a nadie por estos asesinatos y el único testigo que existía, detenido horas después del magnicidio está desaparecido.
"Hace más de dos años que se pide que se cite a declarar a Jesús Bayardo Robles, El Gori, sobre este sujeto se construye la hipótesis de la confusión, y nadie sabe dónde está".
