El Ejército ante tribunales civiles a debate en el Senado
El Senado pospuso para este miércoles el debate sobre los elementos del Ejército y la Marina y si deben ser llevados a tribunales civiles por conductas que pueden ser constitutivas de delito.
La discusión se da en el marco de la definición de dictamen de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que podría aprobarse este jueves ante el pleno.
Durante cuatro horas, los integrantes de las comisiones unidas de Seguridad Pública, de Gobernación, y de Estudios Legislativos discutieron el lunes diversos puntos del dictamen y se crearon 23 reservas para su discución en el pleno. Citaron para reunirse el martes y por falta de quórum pospusieron la reunión para el miércoles
La discusión incluirá también lo relativo a los retenes militares y la exigencia del respeto a las garantías individuales y los derechos humanos de las personas sujetas a revisión.
El proyecto en estudio propone la creación de policías estatales que sustituyan a las policías municipales actuales, fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y convertir a las procuradurías en mecanismos ágiles y eficientes para perseguir delitos graves.
La propuesta de dictamen de la Ley de Seguridad Nacional también regula la participación del Ejército mexicano en las calles, la cual sólo podrá realizarse a petición expresa de un gobernador o congreso estatal.
En este acuerdo, las Fuerzas Armadas sólo podrán acudir a una entidad cuando la parte solicitante compruebe ante el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado que los cuerpos policiales han sido rebasados por la delincuencia.
Entonces, la Cámara alta tendrá un plazo no mayor a 48 horas para emitir una “Declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad nacional”, que detallara a qué lugar se desplazarán los militares y cuántos de éstos se requieren, además del tiempo en que permanecerán en la entidad.
La propuesta de un mayor control de las fuerzas armadas en labores de patrullaje fue una de las que impulsó el senador priista Manlio Fabio Beltrones , después de la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien aseguró que el Ejército debería permanecer por otros 5 o 10 años al frente de la lucha contra el crimen organizado.
La violación a los derechos humanos en la batalla contra el crimen organizado ha sido un tema muy discutido durante la presidencia de Felipe Calderón.
El pasado 6 de marzo el gobierno de México defendió ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la decisión de utilizar las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles de narcotraficantes que operan cerca de la frontera con Estados Unidos.
Durante 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1,800 quejas y emitió 30 recomendaciones contra el Ejército. Un récord histórico, según la Comisión.
La guerra contra el narcotráfico, que lanzó Felipe Calderón al asumir la Presidencia mexicana en 2006, ha costado al Ejército 3,430 quejas por abusos a los derechos humanos de la población civil.
Un informe del gobierno federal entregado el lunes a senadores reporta que en lo que va del sexenio —que inició el 1 de diciembre de 2006—, 22,743 personas han muerto como resultado de acciones de la delincuencia.
La aprobación de la Ley de Seguridad Nacional deberá ser aprobada antes del término de periodos de sesiones del Congreso, el 30 de abril.
