Isabel Miranda de Wallace pide no criminalizar a las víctimas de secuestro
A unos días de que concluya el periodo de sesiones en el Senado, aún no está listo el dictamen para la ley antisecuestro.
Organizaciones civiles como Alto al Secuestro, que encabeza Isabel Miranda de Wallace, afirman que el estudio del Senado no protege a las víctimas de la delincuencia.
“Como está, preferimos que salga al siguiente y no una ley hecha al vapor que no aporta ningún nuevo elemento ni que sirva como contrapeso", dijo Wallace a CNNMéxico.
Los dos aspectos que rechazan las asociaciones civiles son la prohibición de que los familiares de la víctima realicen transacciones bancarias y cambio de divisas obligados por un secuestro.
“Nos parece una aberración que encima de que no nos dan seguridad, porque no pueden llevar a los secuestradores a la cárcel, nos llevan a los ciudadanos”, dijo en entrevista.
La presidenta de Alto al Secuestro propone la figura de un abogado de oficio para las víctimas, así como ministerios públicos y jueces especializados en el delito de secuestro.
Sugiere también la posibilidad de que la víctima se ampare en contra de una sentencia si considera que no es justa.
La comisión de Justicia del Senado analiza la propuesta de dictamen de la Ley antisecuestro, que estaba programado para el 14 de abril y se ha postergado en dos ocasiones al detectar inconsistencias.
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Tomás Torres, integrante de la comisión de Justicia, dijo a CNNMéxico que en el estudio del dictamen de ley se elimina la criminalización de los familiares de la víctima en caso de que no denuncien el delito.
Dijo que aún no hay un criterio definitivo con respecto a las penas por el delito de secuestro, que podrá tener atenuantes en caso de que el secuestrador entregue a la víctima sin lesiones y de forma voluntaria.
Además, se excluye la figura de policía encubierto, que habían criticado Wallace y Alejandro Martí, fundador de la organización SOS, debido a los casos registrados de policías involucrados con la delincuencia organizada.
El delito será imprescriptible y se crea un fondo de ayuda a las víctimas, que se formará de los decomisos que el Estado lleve a cabo a los bienes de miembros de la delincuencia.
La pena máxima por el delito de secuestro con las agravantes de portación de arma de fuego, delincuencia organizada y homicidio es de 80 a 100 años, comentó el legislador.
Por ahora, dijo, no hay una fecha para se dictamine la ley.
La propuesta de Calderón
El Senado ha basado su análisis sobre el tema en la iniciativa de ley antisecuestro que envió el presidente Felipe Calderón en febrero, y en las propuestas de la sociedad civil.
La iniciativa del presidente impone una cadena perpetua al secuestrador. En caso de que fuera liberado, el delincuente tendría dispositivos electrónicos para su localización al salir de prisión.
Propone incluir una normatividad para intervenir comunicaciones telefónicas y la figura de informante anónimo.
Incluye la posibilidad de realizar operaciones encubiertas, es decir, infiltrar a los agentes policiales en las organizaciones delictivas y conocer su operación.
Esta propuesta fue rechazada por la sociedad civil porque consideran que la delincuencia es la que se encuentra infiltrada en la policía y un funcionario se podría amparar bajo esta figura al ser descubierto.
También dispone sanciones a funcionarios que no coadyuven con el Ministerio Público y penaliza con más rigor el encubrimiento, entre otros puntos.
Además, define los distintos actos delictivos similares al secuestro, como el secuestro exprés, la detención en calidad de rehén, la simulación de un secuestro y la intimidación.
