La ley antisecuestro, a revisión "ladrillo por ladrillo"
Un grupo de senadores postergó este martes la aprobación de una iniciativa legislativa con la que se pretende atacar la ola de secuestros que aqueja a México desde hace algunos años.
En una acalorada sesión, protagonizada por legisladores del opositor Partido Verde Ecologista de México y el oficialista Partido Acción Nacional, los senadores de las comisiones de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos discutieron algunos puntos en la llamada 'Ley Antisecuestros'. En específico, se debatió sobre la creación de un fondo para auxilio de víctimas.
El debate se dio frente a activistas que han seguido el tema del secuestro y que vivido la experiencia de ese delito, como Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, y Alejandro Martí, presidente de SOS (Sistema de Observación para la Seguridad).
La discusión entre senadores incluso llegó a los manotazos en la mesa y a que se levantaran de su lugar.
Eso ocurrió cuando Alejandro González Alcocer (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, dijo que no se dejaría presionar para incluir en el dictamen la creación de un fondo para las víctimas que sirva para el pago de información y rescate, pues esto le daría un sentido distinto a la ley.
El senador Arturo Escobar (PVEM) acusó a González de querer hacer un dictamen "a su gusto".
Por su parte, Jesús Murillo Káram, del Partido Revolucionario Institucional, llamó al orden y pidió definir qué se quiere de la ley y a construirla "ladrillo por ladrillo".
Tomás Torres, del Partido de la Revolución Democrática, advirtió que la propuesta no reflejaba el esfuerzo de concertación hecho en los días anteriores. Y Santiago Creel (PAN) pidió que se revisara el dictamen y hacer lo posible para iniciar un periodo extraordinario en caso de no estar listo antes del 30 de abril.
Isabel Miranda apoyó la moción de Murillo Káram y sugirió a los senadores revisar "con calma" la propuesta, artículo por artículo.
Los senadores acordaron revisar el dictamen en los capítulos de tipos penales, competencias entre autoridades y coordinacion entre las distintas policías.
Iniciatva crucial
La Ley Antisecuestro es una de las 100 acciones que anunció el presidente Felipe Calderón al inicio de su gobierno. Con ella propone cadena perpetua a los secuestradores de ancianos, menores de edad o que mutilen a sus víctimas. En febrero pasado envió la iniciativa al Senado.
El senador Escobar presentó, además, una propuesta en 2008, en la cual pide que se aplique la pena de muerte a los secuestradores.
Los presidentes de SOS y Alto al Secuestro dicen que la iniciativa actualmente en debate carece de un capítulo que ofrezca protección a las víctimas de secuestro, así como la figura de un abogado de oficio para dar seguimiento a los juicios.
El empresario y fundador de SOS, Alejandro Martí, dijo a CNNMéxico que los secuestradores tienen más herramientas jurídicas para salir libres que las que están a disposición de las víctimas para tener la certeza que se haga justicia y poder apelar a las sentencias que consideren injustas.
“Si quieren cerciorarse de que el secuestrador sea sentenciado, el Estado no le brinda (a las víctimas) ninguna protección, ninguna garantía”, comentó el empresario mexicano.
Martí coincide con Isabel Miranda, en que hacer una ley “al vapor” (de forma apresurada), puede resultar peligrosa.
El empresario pide que se elimine la figura de “policía encubierto” debido al alto nivel de corrupción institucional que existe en los cuerpos policiacos. Citó como ejemplo que 70% de los integrantes de la banda de La Flor, presuntos responsables del secuestro y muerte de su hijo Fernando, estuvieron enrolados en alguna corporación policial.
Martí se opone a que se penalice el hecho de no denunciar un secuestro por parte de los familiares de la víctima, así como el cambio de divisas de pesos a dólares para el pago de rescates.
Advirtió que además se pretende eliminar la figura de arraigo, que actualmente permite detener a los presuntos responsables del delito mientras se integran las pruebas para consignarlos.
El profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Israel Alvarado, dijo a CNNMéxico que ése es uno de los principales retos que enfrentan los legisladores en materia de antisecuestro.
"No se están atacando los orígenes, solamente se están atacando las consecuencias", dijo Alvarado.
Uno de los retos es establecer un procedimiento, ágil y adecuado para resarcir el daño a las víctimas, explicó, así como la protección a las víctimas por los riesgos que enfrenta en un juicio.
“El hecho de que una víctima acuda a un juicio, implica un riesgo para ella. Sabe que se le puede amenazar. Quizá se detuvo a la mitad de la banda, pero no a toda y tendrá temores de que hay gente que le pueden causar un daño”, advirtió.
El especialista expresó que hay que atacar el problema de manera integral y que lo ideal es llevar a cabo una ley para penalizar el secuestro y todas las reglas referentes a la figura, procesales, punitivas, preventivas y de protección al delito.
Otro de los retos que va a enfrentar el legislativo es el manejo de los bienes que se aseguren de las bandas organizadas y la forma en que se van a destinar a las víctimas.
