Amnistía Internacional acusa a México de complicidad en abusos a migrantes

El informe de Amnistía Internacional Víctimas invisibles: Migrantes en movimiento en México, dado a conocer este miércoles, es concluyente: el Estado mexicano ha fallado en su deber de garantizar la seguridad dentro de su territorio y es cómplice de abusos contra los migrantes.
“Uno no se imagina que el sueño se puede acabar en un ratito en este camino. (El militar) me llevaba de la mano por el monte. Me llevó lejos de las vías del tren, estábamos solos. Me dijo que me quitara la ropa para ver si traía droga. Me dijo que me dejaba ir si hacía lo que le decía”.
Éste es el testimonio recabado por Amnistía Internacional (AI) de ‘Margarita’, una migrante salvadoreña de 27 años que intentó cruzar México para llegar a Estados Unidos. Es una de las que aceptan denunciar su experiencia, porque no todos los que son víctimas de un crimen lo hacen.
Actualmente no existen cifras sobre el número de migrantes que cruza la frontera sur de México, cuántos de ellos sufren abusos o cuántos mueren en el camino. El Instituto Nacional de Migración (INM) sólo contabiliza a aquellos que son detenidos para su repatriación.
El informe de AI es enfático en que el Estado mexicano ha fallado en su deber de garantizar la seguridad a todos dentro de su territorio, ya que en todos los casos de abuso hay un funcionario involucrado directa o indirectamente, con acciones u omisiones. "Las autoridades son siempre cómplices de estos delitos", dice el documento del organismo.
Para realizar este estudio, Amnistía Internacional visitó México en 2008 y 2009 y realizó entrevistas a migrantes, representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados, miembros del congreso y especialistas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde llega el mayor número de migrantes.
Los 110 migrantes entrevistados en junio de 2009 dan cuenta de los numerosos abusos cometidos contra quienes pasan por México y pocas veces acuden a las autoridades.
La violación a los derechos humanos “es una norma en México”, según el reporte. En los casos más frecuentes, los migrantes son víctimas de grupos criminales que los secuestran y torturan para obtener el número telefónico de sus familias y extorsionarlas desde lejos.
Algunas redes son detectadas por las autoridades y los migrantes son repatriados luego de dar su testimonio. Las vejaciones que sufrieron nunca son investigadas y aún menos castigadas, asegura AI.
"Nueve de cada 10 víctimas en promedio (8,478) padecieron amenazas de muerte, en perjuicio de ellos o de sus familiares o de ambos, y fueron amagados con armas de fuego o armas blancas, si no pagaban el rescate. Por otra parte, la investigación permite calcular que al menos 1,456 migrantes fueron golpeados con puños, pies, armas, garrotes, palos y otros objetos”, dice el reporte citando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los niños y las mujeres son los más vulnerables, ya que son presa fácil para los tratantes de blancas y víctimas frecuentes de ataques sexuales. De acuerdo con el reporte, 6 de cada 10 mujeres que cruzan las fronteras de México son violadas.
Según los tratados internacionales firmados por México, el gobierno acepta la obligación de asegurar los derechos humanos de quienes pisen su territorio. Estos significa no sólo que las autoridades mismas los respeten, sino de que los garanticen, y castiguen y prevengan los abusos.
El estudio sobre México revela que el Estado "ha fallado al resguardar los derechos y al respetarlos, siguiendo los estándares internacionales".
Nos dispararon como animales
Quienes llegan a nuestro país sin documentos se enfrentan no sólo al peligro de los criminales, sino también de las propias autoridades, revela la investigación de AI.
Uno de los testimonios recolectados por Amnistía relata que el 9 de enero de 2009 en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, la policía estatal abrió fuego contra una camioneta en la que viajaban alrededor de 45 migrantes indocumentados de el Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador y China.
Tres fueron asesinados en el acto y otros ocho resultaron gravemente heridos. Según los testimonios, la patrulla siguió unos minutos a la camioneta que, pese a los llamados, no se detuvo y fue por esto que recibió la ráfaga.
“Nos dispararon como animales”, relató a AI uno de los sobrevivientes.
El 18 de septiembre de ese año se repitió un episodio similar en Comitán, donde el ejército disparó a un vehículo con siete indocumentados porque no quisieron detenerse.
El informe de AI reprueba que México no respeta las normas internacionales que determinan un criterio de proporcionalidad y responde de manera “excesiva y violenta”.
Tienen registro además del uso constante de armas letales y de tortura, como picanas eléctricas, por esto “el sueño de una vida mejor, no tarda en convertirse en una pesadilla”.
Critica además que, pese a los señalamientos de la CNDH y otras organizaciones de derechos humanos, los abusos son una práctica frecuente y su castigo no es prioritario para el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo si hay funcionarios involucrados.
Noventa y nueve de los migrantes entrevistados aseguran que “funcionarios públicos fueron responsables directos o testigos de sus secuestros”.
Desde el escritorio
“Excluidos de la sociedad, sin acceso a la protección legal, los migrantes irregulares en México están condenados a una vida marginados, vulnerables a la explotación de bandas criminales y oficiales corruptos, y a ser ignorados por la autoridad que deberían encargarse de resguardar sus derechos humanos”, afirma el documento.
Según la Comisión de Derechos Humanos 9,758 migrantes fueron secuestrados en un periodo de seis meses.
El reporte de AI cita esta cifra y asegura que el mayor agravante es que ninguno de estos casos ha recibido justicia, y la mayoría no ha sido siquiera investigados.
Según el organismo internacional, esto sucede con frecuencia porque desde las oficinas de gobierno los migrantes agredidos reciben alicientes para no denunciar los abusos.
“Si son repatriados voluntariamente, no quedan registrados y pueden intentarlo de nuevo. Si siguen todo el proceso migratorio, serán obligados a regresar a su país de cualquier manera, y pasarán más tiempo encarcelados”, documenta AI.
Ante la falta de opciones, los migrantes no pueden terminar los procedimientos judiciales para entablar una denuncian, pues son repatriados. En otros casos no acuden ante las autoridades por temor a que los manden de regreso a su país antes de poder dar su testimonio.
Luego de ser detenidos, según el informe, el Instituto Nacional de Migración no ofrece a los migrantes más opciones ni les informa sobre sus derechos. E incluso al interponer una denuncia, si no son acompañados de un observador de la CNDH o algún representante de una organización civil, “están expuestos a recibir más abusos de parte de las autoridades”.
La falta de voluntad para investigar estos abusos “ha contribuido a crear un ambiente de impunidad donde nadie, ni criminales ni oficiales corruptos, son llamados a cuentas”.
Como muestran los casos documentos, aún cuando la CNDH interviene, las investigaciones no concluyen con el castigo de los funcionarios involucrados. Peor aún, a pesar de que los migrantes son rescatados por las autoridades federales de manos de sus captores, “las víctimas han llegado a ser detenidos en los centros de arraigo junto a sus victimarios que no son mexicanos” y luego son repatriados sin que el caso sea cerrado.
“En consecuencia, el gobierno se concentra en perseguir a los migrantes y no en hacer justicia”, concluye.