El gobierno de Jalisco buscará evitar la ejecución de un mexicano en EU
El gobierno de Jalisco solicitará a las autoridades de California, en Estados Unidos, el perdón para el inmigrante Vicente Benavides, condenado a muerte en ese país y que se encuentra preso desde hace 18 años en la cárcel de San Quintín.
Fernando Guzmán, secretario general de Gobierno en esa entidad, recibió este miércoles a Evaristo Benavides, hermano del inmigrante jalisciense, quien pidió la intervención de las autoridades estatales para evitar que el mexicano sea ejecutado.
Guzmán Pérez se comprometió a instar al gobernador del estado, Emilio González, para que gestione el perdón de la pena ante su homólogo de California, Arnold Schwarzenegger .
De acuerdo con el Secretario General de Gobierno, “a pesar de que está sentenciado (Vicente Benavides), hay elementos que hacen dudar de la responsabilidad que pueda tener en los hechos que se le imputan”.
"La posición del gobierno de Jalisco es que en ningún caso, por más grave que éste sea, debe darse la pena de muerte... estamos en el compromiso de velar como es nuestra obligación por los derechos de los jaliscienses, aunque se encuentren en situación difícil”, agregó en entrevista luego de recibir a los familiares de Vicente Benavides.
Benavides Figueroa es uno de los 54 mexicanos con sentencia activa de muerte en cárceles de Estados Unidos; 34 están en la prisión de San Quintín, 13 en Texas y el resto en estados como Arizona, Alabama, Florida y Nebraska.
Casos como el del jalisciense podrían multiplicarse con leyes como la recientemente aprobada en Arizona , advirtió Guzmán.
“La ley 1070 criminaliza a la gente nada más por el delito de trabajar sin documentos. Eso no puede ser un delito, no se les puede tratar como criminales porque violenta los derechos humanos de los inmigrantes”, manifestó.
El caso
En 1991, Vicente Benavides estaba en casa al pendiente de las dos hijas menores de su pareja, cuando la mayor salió de la vivienda y tras ella la más pequeña de apenas un año con ocho meses, quien rodó por las escaleras. La menor estuvo en el hospital por tres días hasta que murió.
La policía estadounidense inició las averiguaciones y detuvo, primero como sospecho y luego como responsable del presunto crimen, a Benavides.
El mexicano de ahora 60 años, originario de San Gabriel, Jalisco, permaneció los primeros 10 años de su reclusión en la cárcel de San Quintín, en espera de una sentencia, hasta que finalmente la Corte lo condenó a la pena de muerte.
A ocho años de la sentencia, las autoridades estadounidenses no han fijado fecha de ejecución.
El reo y la familia viven en una zozobra permanente, peleando por la libertad de su hermano, al tiempo que quieren detener el reloj para evitar que la sentencia se ejecute.
Evaristo Benavides asegura que el proceso judicial desde el principio estuvo plagado de irregularidades, lo que impidió probar la inocencia del acusado.
“No ha tenido defensa, eso es lo que más le ha perjudicado”, dijo al señalar que el resto de su familia ha recurrido en su momento a dos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero hasta ahora nada han obtenido.
Agregó que la madre de la pequeña muerta ha dicho en varias ocasiones que el deceso de su hija fue un accidente, pero no ha valido para la defensa de su hermano.
“El trato que mi hermano ha padecido al interior de la cárcel es indescriptible. Cuando hemos tenido oportunidad de hablar con él nos cuenta que hay total discriminación para los latinos”, agregó.
“Mi hermano tiene toda la fe del mundo en que saldrá libre porque se siente limpio. Si hay justicia, debe de salir”, expresó.
La cárcel de San Quintín, ubicada al norte de la bahía de San Francisco, fue construida en 1852 y es retratada en novelas, películas y documentales como una de las más violentas y emblemáticas del mundo.
Hasta 1996, los prisioneros condenados a muerte eran ejecutados en una cámara de gas, actualmente mueren por inyección letal.
Más casos
En 2003, el gobierno de México acudió ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con sede en Holanda, para pedir la revisión de los casos de mexicanos condenados a muerte en EU en los que no hubo un proceso justo y apegado a la ley.
La Corte Interamericana falló a favor del gobierno de México, obligando a los tribunales estadounidenses a revisar el caso de los mexicanos sentenciados a muerte a quienes les fue violado el derecho de asistencia consular; hasta la fecha, son pocos los casos atendidos.
“Siempre ha habido un compromiso con todos los mexicanos que están en el exterior, para que quienes no reciben la atención apropiada por parte de las autoridades mexicanas en EU, la reciban de inmediato”, dijo a CNN México, el senador Luis Alberto Villarreal, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Congreso de la Unión.
“Hemos solicitado sanciones para aquellos consulados de México en EU que han actuado con negligencia al momento de brindar ayuda a algún connacional en problemas”, agregó.
En EU 35 estados practican la pena de muerte. Desde 1976 al 2009, 1,171 reos fueron ejecutados en alguna de las cárceles estadounidenses; 678 de ellos en California; 402 en Florida; 358 en Texas; 226 en Pennsylvania y 207 en Alabama.
El resto murió ejecutado mayoritariamente en cárceles de Ohio, Carolina del Norte, Arizona, Georgia y Tennessee.
Cifras proporcionadas por el Centro de Información sobre Pena de Muerte, evidencian que hasta el año pasado había 120 extranjeros, originarios de 32 países, con sentencia activa de muerte. El número más alto (54) son de origen mexicano, seguidos por Cuba con siete y Jamaica con cinco reos.
