La CNDH celebra la liberación de dos indígenas acusadas de secuestro
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que se ha hecho justicia en el caso de las indígenas queretanas Alberta Alcántara y Teresa González, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara este miércoles la inmediata liberación de ambas mujeres.
Las indígenas habían sido acusadas de secuestrar a seis policías de la desaparecida AFI, y sentenciadas a 21 años de prisión.
La CNDH había exigido la liberación y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y había emitido la recomendación 47/2009, en la cual manifestó que no se habían encontrado elementos de juicio suficientes para demostrar los delitos que se les imputaban.
En un comunicado, el organismo solicitó también la reparación del daño a las dos mujeres.
Teresa González, de 26 años, y Alberta Alcántara, de 31, fueron detenidas en agosto de 2006, en el marco de un proceso legal iniciado por la Procuraduría General de la República (PGR) contra los pobladores de Santiago Mexquititlán, que habían tenido un enfrentamiento con agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El conflicto comenzó cuando, en marzo de ese año, agentes de la AFI vestidos de civil realizaron un aseguramiento de mercancía en el tianguis de ese poblado queretano. El operativo terminó en una confrontación entre los comerciantes y los policías.
Las mujeres fueron encontradas culpables por el Juez Cuarto de distrito de Querétaro por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos.
El 17 de marzo, la Suprema Corte atrajo el caso del recurso de apelación y este miércoles el máximo tribunal ordenó la liberación de las indígenas, por considerar que no se comprobó la acusación formulada en su contra por la PGR.
Por su parte, la diputada perredista Leticia Quezada Contreras, celebró también la decisión de la SCJN.
En un boletín dado a conocer por el Partido de la Revolución Democrática, la vocera de esa fracción en la Cámara de Diputados reconoció la sensibilidad de los ministros que aprobaron por unanimidad la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, la cual analiza las irregularidades procesales del caso.
Quezada precisó que el siguiente paso es revisar a fondo la sentencia del máximo tribunal para determinar si se pueden promover sanciones contra los funcionarios que no impartieron justicia en su momento y privaron de la libertad a estas mujeres.
