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La ONU denuncia la desaparición en Oaxaca de dos periodistas

Un funcionario de la ONU dijo que desde 2002, han desaparecido 12 comunicadores mexicanos
jue 29 abril 2010 11:13 AM
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Elementos de Seguridad de Oaxaca acordonaron la zona de la e Sin Pie de Foto

Alberto Brunori, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció este jueves la desaparición de dos periodistas después de la emboscada contra una misión humanitaria en Oaxaca.

En conferencia de prensa, Brunori dijo que con la desaparición de Érika Ramírez y David Cilia, del semanario Contralínea, ya suman 12 los periodistas desaparecidos desde 2000, informó Notimex.

El martes, un grupo humanitario partió de la ciudad Huajuapan de León rumbo a San Juan Copala, en Oaxaca, en lo que denominaron la Caravana de observación por la paz, con el fin de apoyar el proceso de organización autónoma de la región.

La secretaría de gobierno de Oaxaca informó que el grupo fue atacado con armas de fuego a las 16:00 horas del martes. La procuraduría del estado confirmó que fallecieron el ciudadano finlandés Jyri Antero Jaakkola y la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo , además de que una mujer de 22 años resultó herida, a quien la Procuraduría identificó como Mónica Citlalli Santiago Ortiz.

México, un país peligroso para periodistas

Los periodistas son víctimas comunes de ataques y agresiones de diversos grupos que han sembrado en México un clima de inseguridad y violencia, dijo Brunori.

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El funcionario de la ONU agregó que Valentín Valdés, Evaristo Pacheco, Jorge Ochoa y José Luis Romero, fueron asesinados por la ola de violencia en los de  Coahuila, Guerrero y Sinaloa.

Brunori explicó que la libertad de expresión se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda nacional y para los organismos internacionales de derechos humanos, su respeto constituye uno de los tópicos de mayor preocupación.

El Alto Comisionado de la ONU expuso que tienen identificadas a personas vinculadas con el crimen organizado, funcionarios estatales y fuerzas de seguridad como presuntos responsables de las agresiones.

El Estado debe asumir su responsabilidad por acción y omisión, investigar los hechos, procesar a los presuntos responsables y  juzgarlos, concluyó Brunori.

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