El Estado mexicano enfrenta otra denuncia en la Corte Interamericana
“Los guachos (soldados) destrozaron mi vida”, dice Valentina al recordar el 16 de febrero de 2002, cuando fue violada por integrantes del Ejército.
Mientras lavaba en el río de su comunidad, un grupo de ocho militares la rodearon. “Dinos dónde están los encapuchados”, le gritaron mientras le mostraban la lista de nombres de presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla activa desde 1996 en el sureño estado de Guerrero.
Al no obtener la información, se turnaron para violarla.
“Su cuerpo fue un campo de batalla”, dice Mario Patrón Sánchez, del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan.
Aquél día caminó ocho horas para llegar a una oficina del Ministerio Público que se negó a procesar su caso. “Yo no quiero tener problemas con el Ejército”, le respondió.
Se practicó las pruebas médicas del ataque sexual un mes después, pues en el Centro de Salud comunitario no había una doctora que realizara la oscultación.
Valentina fue víctima de violencia física, doméstica, de género y social. “Se convirtió en la mujer de los guachos, todos la rechazaban y la señalaban”, agrega Patrón Sánchez.
Al saber de la denuncia, los militares se presentaron en su casa, la rodearon, le exigieron que saliera y recociera a sus atacantes. Ante la hostilidad, Valentina cedió y señaló a los responsables.
El caso llegó a la justicia militar, donde no encontró respuestas. Que no había pruebas de la violación, que protegía a guerrilleros, que no tenían traductores para los indígenas me´phaa, alegaban.
Ocho años después, con el apoyo legal de la organización de Tlachinollan, finalmente Valentina obtendrá justicia fuera del país, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Impunidad
La mujer indígena tuvo que dejar su pueblo y su estado. “No había condiciones para que estuviera segura, que nadie la amenazara. De verdad creímos que podían quitarle la vida”, dice Abel Barrera, del Centro de Derechos en entrevista con CNNMéxico, “al Ejército no hay quien lo detenga. Menos si son ellos quienes investigan y juzgan sus abusos ”.
Es por esto que también los activistas laboran con cautela y en algunos casos, como en el municipio de Ayutla, Guerrero, han cerrado sus oficinas.
“Están todos coludidos, los militares, el gobierno municipal, la policía, todos, se cubren unos a otros. Así no podemos trabajar, nosotros queremos proteger a estas comunidades, darles herramientas para su defensa, pero ¿quién va a protegernos a nosotros?”, se pregunta el activista.
“No podemos ceder el poder político a las fuerzas armadas”, opina Miguel Pulido de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. “Tiene que modificarse la relación civil-militar porque no existen los mecanismos ni la preparación para que los soldados estén en las calles".
En entrevista con CNNMéxico, agrega que el caso de Valentina es sólo uno de tantos que se documentan, pero la mayoría no avanza en el proceso jurídico o las víctimas prefieren el silencio.
“Llegar a una instancia internacional es una victoria, porque las autoridades mexicanas le apuestan al desgaste, a que las víctimas se den por vencidas. Pero también es una derrota porque significa que los mexicanos estamos expuestos, vulnerables, y se nos priva de un derecho muy importante que es el acceso a la justicia”.
Historias de injusticia
El próximo 27 de mayo, Valentina tendrá una única audiencia en la CIDH; luego los magistrados deliberarán sin un plazo fijo para emitir un fallo.
Esta no es la primera vez que el Estado Mexicano es juzgado en una instancia internacional.
El pasado 16 de abril fue la audiencia en la CIDH del caso de Inés Fernández, otra indígena violada por soldados frente a sus hijos.
Los activistas prevén que sea en abril cuando los magistrados emitan un fallo.
El 16 de diciembre de 2009, el Estado mexicano fue declarado culpable por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, un cantante guerrerense, en 1974.
La Corte determinó que el gobierno de Felipe Calderón debía reparar el daño a los familiares de la víctima y reformar las leyes que permiten al Ejército juzgarse a sí mismo .
Hasta el momento el gobierno mexicano no ha acatado el fallo, aunque la Corte no establece un plazo fijo para hacerlo.
