La Corte rechaza revisar las sentencias de secuestradores de Hugo Wallace
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar las sentencias que se impusieron a los cuatro secuestradores y asesinos del empresario Hugo Alberto Wallace, una petición que habían impulsado la madre de la víctima, Isabel Miranda de Wallace, y la Procuraduría General de la República (PGR).
En una votación dividida, de tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte determinó que el asunto carece de los requisitos de importancia y trascendencia para su análisis, pues la revisión de las penas por delito corresponde al Poder Legislativo, no al Judicial.
Miranda de Wallace y la PGR argumentaban que las penas de prisión y las multas impuestas a cuatro personas por los delitos de secuestro y delincuencia organizada son insuficientes.
En 2005, César Freyre Morales, Jacobo Tagle, Juana Hilda González Lomelí, Alberto y Tony Castillo Cruz y Brenda Quevedo Cruz secuestraron y asesinaron a Hugo Alberto Miranda de Wallace.
A la postre, Freyre fue capturado y sentenciado a 47 años de cárcel, González Lomelí a 28 y los Castillo Cruz a 30 cada uno. Tagle sigue prófugo y Quevedo espera condena.
Durante la sesión, el ministro José Ramón Cossío dijo que “el procurador, con todo respeto, nos avienta a nosotros un tema que está en la órbita del legislador”, y recalcó que la modificación de las penas debe llevarse a cabo por el Poder Legislativo.
José de Jesús Gudiño señaló que si la Corte atraía el caso, todas las sentencias se turnarían a los ministros para su revisión, lo que convertiría a la SCJN en un tribunal unitario, opinión que respaldó Arturo Zaldívar.
Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza se pronunciaron por atraer el caso y determinar si las sentencias que se dictaron contra los secuestradores son mínimas, como consideraban la PGR y la madre de la víctima.
A su salida de la Corte, Isabel Miranda de Wallace dijo que quedó “muy decepcionada” de los ministros, pues —señaló— tenían una oportunidad histórica para pronunciarse sobre las penas que se deben imponer a los secuestradores.
