La Corte debate sobre su autoridad moral en el caso de la guardería ABC
En el primer día del debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el incendio en la guardería ABC, el ministro Arturo Zaldívar no logró el apoyo para fincar responsabilidades “morales y políticas” a los 14 funcionarios señalados como culpables.
El incendio en el que murieron 49 niños tuvo lugar en Sonora el 5 de junio de 2009, sin que se hayan fincado responsabilidades.
Si bien los ministros coincidieron en que hubo graves violaciones a los derechos humanos, las opiniones se dividieron sobre la facultad de la Corte para nombrar responsables, por lo que discutieron hasta dónde llega su competencia, como lo marca el párrafo segundo del artículo 97 constitucional.
En dicho artículo se señala la facultad que se otorga a la SCJN “únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.
Los padres de las víctimas, que acudieron a la sesión de este lunes, manifestaron sus esperanzas en que la Corte hará justicia, pues consideraron alentador que algunos ministros se hayan pronunciado en torno a que sí hubo violaciones a las garantías individuales.
“Me preocupa como padre que digan hubo violaciones y no se deslinden con nombres y apellidos, pues esto es fundamental, es parte del derecho a la verdad y de alguna forma de la facultad de la Corte de que se haga justicia en esta línea de los derechos humanos”, afirmó José Francisco García Quintana, papá de Alfredo Alonso, unas de las víctimas del incendio.
La sesión de este lunes inició con la petición del ministro José Fernando Franco González Salas de no participar en el debate, pues fungió como representante de la Secretaría el trabajo ante el Consejo Técnico del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).
Así también Sergio Valls, quien fue titular del área jurídica del mismo organismo, por lo que se consideraban impedidos para ver el caso. Las solicitudes fueron rechazadas por el pleno de la SCJN.
Posteriormente, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea defendió su dictamen, en el que responsabiliza a 14 funcionarios de violar las garantías individuales, entre ellos al ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; al titular actual del organismo, Daniel Karam y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
“Esta Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder”, afirmó Zaldívar en la presentación del caso.
En su exposición, el ministro aseguró que “aunque el dictamen que se emita por violaciones graves a las garantías individuales no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática”.
“Nunca como ahora tenemos la responsabilidad de ejercer a plenitud nuestras atribuciones. 49 niños, prácticamente bebés, fueron entregados por sus padres al Estado con la confianza de que éste se ocuparía de su seguridad y bienestar y pocas horas después fallecieron por omisiones y negligencias graves de las autoridades en los tres órdenes de gobierno”, subrayó.
El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo sugirió que se incluya un tercer peritaje, realizado por David Smith, presidente de compañía Associated Fire Consultants, que revela que se trató de un incendio provocado, debido a que se encontraron restos de acelerantes, al parecer gasolina, para incinerar cajas de papel dentro de la bodega aledaña a la guardería ABC.
Además, el ministro consideró necesario debatir la naturaleza del artículo 97 de la Constitución, ya que, desde su punto de vista, hay inconsistencias entre el proyecto y la normatividad, pues no pueden nombrar a responsables en una investigación, solo determinar si se violaron las garantías.
El ministro Juan N. Silva Meza fue el único ministro que defendió la autoridad moral de la SCJN para señalar responsables.
“Negar la autoridad moral de la Suprema Corte en relación con su papel como intérprete de la Constitución es un contrasentido, si la última autoridad moral no está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces ¿en quién está?”, expresó Silva.
La ministra Olga Sánchez Cordero comentó que “la facultad de investigación está dirigida al esclarecimiento de los hechos (…), a establecer los nombres de quienes participaron en esas violaciones y a pronunciarse, sobre todo desde los valores y principios constitucionales”.
Propuso que en las investigaciones se incluya la participación de particulares que actúan en función del Estado y “que están relacionados en la prestación de este servicio de guardería en el esquema vecinal”.
Este martes se prevé que continúe el análisis sobre la naturaleza del artículo 97 constitucional y el pleno de la SCJN definirá si cita a una nueva sesión el miércoles.
