Los casos de espionaje telefónico en México involucran a varios políticos
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, presentó una denuncia contra quien resulte responsable por la grabación y difusión de varios audios, en los que, presuntamente, él ofrece dinero a varios candidatos del PRI para impulsar sus campañas.
El caso de espionaje telefónico en Veracruz no es el primero en la historia de la política mexicana.
Una relación de presunto narcotráfico desde el gobierno federal
El diario Reforma dio a conocer en mayo de 1995 varias conversaciones telefónicas entre José Córdoba Montoya, ex secretario particular del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994), y Marcela Rosaura Bodenstedt, ex agente de la entonces Policía Judicial Federal y a quien se ligó con el narcotráfico.
Las conversaciones de mayo, junio y julio de 1992, sugerían una relación íntima entre ambos personajes, además de otras pláticas con agentes judiciales sobre el tema del narcotráfico y presuntos enlaces con el cártel de Colombia.
Ocho meses después, Córdoba Montoya habló sobre el caso y negó que durante el tiempo que mantuvo una relación con Bodenstedt supiera de los supuestos vínculos con el crimen organizado.
Intercambio de botellas de licor por escarmiento a periodista
El periódico La Jornada dio a conocer en de 2006 un par de grabaciones del gobernador de Puebla, Mario Marín, con el empresario Kamel Nacif, en el que ambos hablan sobre un escarmiento contra la periodista Lydia Cacho, que incluye una violación a manos de reclusas.
El empresario del sector textil Nacif, de origen libanés, fue una de las personas mencionadas por Cacho en su libro Los demonios del Edén, que habla sobre un caso de pederastia publicado en marzo de 2005. La periodista vincula a Nacif con Jean Succar Kuri, otro empresario de origen libanés, acusado de pederastia.
De acuerdo con el contenido de las grabaciones, Nacif trató el tema de Lydia Cacho con los gobernadores de Puebla y de Chiapas, Pablo Salazar.
La Secretaría de Gobernación, entonces con Carlos Abascal, pidió que las grabaciones no fueran tomadas para un juicio por considerar que se obtuvieron de forma clandestina.
El Congreso de la Unión vigilado
El periódico El Universal publicó el 26 de mayo de 2008 que el Cisen contrató a la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas “para acceder en línea al Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa”.
El trabajo que realizó la empresa para el Cisen, de acuerdo con la publicación, fue dar seguimiento a las posturas públicas de los legisladores, sobre diversos temas relacionados con la reforma energética y sucesión presidencial.
Las bancadas del PRD, PRI y Convergencia en la Cámara de Diputados repudiaron las prácticas de espionaje y consideraron que éstas eran “una política de seguridad nacional equivocada”.
Dependencias de comunicación intervenidas
Un juez federal inició en febrero pasado un juicio contra Purificación Carpinteyro , ex directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), por su presunta responsabilidad en el delito de “revelación de secretos” de diversas llamadas privadas del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
Un año antes, en febrero de 2009, la periodista Carmen Aristegui difundió una conversación de Téllez del 2006, en la que acusaba de robo al erario al ex presidente Salinas. Téllez fue subsecretario durante la administración de Salinas.
Días más tarde otras grabaciones se dieron a conocer, en las que el ahora presidente del Banco de México afirmaba que Salinas y el también ex presidente José López Portillo (1976-1982) "destrozaron" a México.
Téllez reconoció ser el autor de las declaraciones pero que habló sin conocimiento sobre lo que dijo y presentó una denuncia penal por presunto espionaje.
Carpinteyro es investigada por el caso tras admitir que ella conoció el contenido de las grabaciones cuando estuvo al frente de Sepomex.
Gobierno de Oaxaca implicado en caso de escuchas
En marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa sobre una red de espionaje telefónico, presuntamente vinculada al gobierno de Oaxaca.
Según la averiguación, los responsables de este espionaje vigilaban las conversaciones de figuras como Juan Díaz Pimentel, ex presidente del Congreso del Estado y del PRI de Oaxaca, y el candidato de la coalición opositora PAN-PRD a la gubernatura, Gabino Cué, entre otras figuras políticas.
Del caso, hasta ahora, se ha logrado asegurar una casa con varios aparatos de intervención telefónica y de audios de los cuales no se han dado a conocer su contenido.
En abril pasado, la Cámara de Senadores fijó candados al Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir las conversaciones telefónicas sin una orden judicial, u obtener directamente los registros de los clientes de las compañías telefónicas.
Pero también se reforzaron algunas facultades del Cisen como el de realizar legalmente tareas de contrainteligencia y blindar la información reservada del Estado.
