Una juez federal autorizó este jueves al Gobierno de México exponer sus argumentos contra la , al aceptar la moción que interpuso en apoyo a una de las demandas que buscan frenar la medida, informó la agencia Notimex.
La juez Susan R. Bolton de la Corte Federal para el Distrito de Arizona autorizó a México a exponer sus argumentos al aceptar considerar el recurso de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), que ese país interpuso el 22 de junio.
, incluyendo el Fondo para la Defensa Legal y la Educación México Americano (MALDEF), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC), entre otras.
En respaldo a dicha demanda, México pidió a la corte que se declare la inconstitucionalidad de la Ley SB1070 y se impida su entrada en vigor, programada para el 29 de julio.
La moción señala que “México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios”.
La demanda interpuesta por México no agradó a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, del gobierno mexicano tras la confirmación de su de organismos civiles de Estados Unidos.
En respuesta, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, dijo a que el Gobierno y la sociedad de México están “decepcionados” por la nueva ley de inmigración promulgada por el estado de Arizona.
Este jueves, la juez Bolton aceptó también escuchar otras 10 mociones más del tipo “Amicus Curiae” interpuestas en apoyo a la demanda, entre ellas la del Concilio Nacional de la Raza y la Asociación Americana de Abogados.
Sin embargo, la magistrada decidió que debido al alto número de mociones interpuestas, los interesados en exponer sus argumentos contra la SB1070 deberán limitar sus exposiciones a no más de 10 páginas.
La moción interpuesta por México, al igual que la mayoría de las demás, excede el límite impuesto este jueves, por lo que los interesados deberán someter antes del 19 de julio una versión más limitada.
La SB1070, que entrará en vigor el 29 de julio próximo, autoriza a la policía indagar la situación migratoria de un detenido si tiene sospecha "razonable" de que es indocumentado, pero grupos pro inmigrantes han advertido que esa ley se prestaría a arrestos discriminatorios.