El Ejército publica su informe sobre violaciones a Derechos Humanos
En medio de una creciente discusión pública sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, por primera vez, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo pública la información sobre las acusaciones en su contra.
En su informe, disponible en su sitio web , la Sedena publica el número de quejas y recomendaciones recibidas por violar derechos humanos, el número de soldados que han sido investigados por estos casos, así como la compilación de sus programas internos de sensibilización.
Aunque la información no se ha actualizado con la reciente recomendación sobre el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey , en el que miembros del Ejército alteraron la escena y destruyeron evidencia, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), especialistas consultados por CNNMéxico consideraron esta iniciativa un avance histórico.
“La publicación de la información es parte de un esfuerzo más amplio de transparencia”, dijo a CNNMéxico en julio pasado el coronel Ricardo Trevilla, director de comunicación social de la Secretaría de la Defensa.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, reconoce que este reporte y los recientes llamados del Presidente al diálogo sobre la estrategia de seguridad, son el inicio “de una nueva etapa de la relación entre el gobierno y la ciudadanía en lo que respecta a seguridad pública y combate al narcotráfico. Es un gran avance en términos democráticos, una primera piedra muy bien puesta para el desarrollo de la institución”.
Señala que, indirectamente, la Sedena admite que sus actividades ponen en riesgo a la ciudadanía. “Ellos están conscientes de que hay un peligro latente de potenciales violaciones a los derechos humanos por el contacto constante de la población civil con las Fuerzas Armadas, y están dispuestos a hacer lo posible para que los daños sean los menos”.
El coronel Trevilla explicó que la Sedena colabora desde 1990 con la CNDH, cuando este organismo entró en funciones, en actividades como cursos de sensibilización, derecho internacional y temas relacionados . En el programa de preparación de los cadetes, es obligatorio el estudio sobre derechos humanos.
El segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Marat Paredes, dijo a CNNMéxico que “la publicación de estos informes es un signo muy importante de apertura, un esfuerzo que debe celebrarse”.
“Es una muestra de la voluntad que tiene la institución en transparentar sus procesos y fomentar el respeto a los derechos humanos ”.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón anunció un combate frontal al crimen organizado y desplegó tropas en diversas ciudades para hacer tareas que tradicionalmente habían sido encomendadas a la policía, las quejas contra el Ejército se dispararon.
Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2009, las quejas se triplicaron y las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional por “graves violaciones a los derechos humanos” crecieron cuatro veces, de acuerdo con los informes de la CNDH.
En su informe, Defensa destaca que las 4,035 quejas recibidas desde diciembre de 2006 han sido aceptadas, aunque 1.46% (59) concluyó en una recomendación de la CNDH.
Las recomendaciones son una serie de conclusiones sobre los abusos cometidos por alguna autoridad contra un civil. La CNDH lanza sugerencias para evitar que se repitan y se repare el daño provocado a las víctimas. Las instituciones no tienen, sin embargo, la obligación jurídica de atenderlas y cumplirlas.
De las 59 recomendaciones aceptadas por la Sedena, 36 están en integración, 11 se archivaron porque no encontraron responsabilidades o no se acreditó conducta ilícita, siete tienen causas penales, cuatro son procedimientos administrativos y en una no se inició averiguación porque no participó personal militar.
Como consecuencia del conjunto de procesos, un oficial y cuatro militares de tropa recibieron sentencia “en el fuero civil”, otros cuatro están siendo investigados, 40 están siendo “procesados por la justicia militar” y siete “han sido sentenciados por los tribunales militares”, aunque no informa sobre la condena que se les impuso.
Los resultados de estas medidas de transparencia y apertura, afirmó Trevilla, se ven reflejados en los altos índices de confiabilidad que goza el Ejército entre la ciudadanía. Y citó una encuesta realizada por Ulises Beltrán y Asociados, publicada en el diario Excelsior el pasado 22 de febrero, que ubica al Ejército como la institución más confiable del país: 45% de la población le tiene “mucha confianza” y 29% “regular confianza”.
No obstante, “las encuestas son a nivel nacional”, opina Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la UNAM, “mientras que las violaciones a los derechos humanos son en estados y comunidades muy particulares”.
El investigador explica que mientras algunos perciben las faltas del Ejército, millones de personas los ven a través de la televisión ayudando a las personas afectadas por desastres naturales. Los televidentes, dice Benítez, “sólo ven la parte positiva”.
El Ejército, en todo caso, ha decidido publicar información sobre estos temas, lo que según Benítez Manaut, miembro del proyecto Fuerzas armadas y derechos humanos, se trata de un gesto que responde más a las demandas de sociedad civil que a la voluntad política de la Secretaría.
Información insuficiente
La publicación de este informe por parte de la Sedena, sin embargo, ha sido cuestionada por algunas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, pues consideran que la información es insuficiente, que las cifras publicadas omiten los casos que se resuelven entre el quejoso y la Sedena directamente, y que las víctimas no tienen acceso a información sobre los casos que se llevan en la justicia militar.
“Todas las recomendaciones (de la CNDH) se han aceptado. Las estadísticas son prueba de los buenos resultados que hemos obtenido. Me queda claro que no debe haber ninguna queja, pero siempre estamos en ánimo de mejorar”, dice el coronel Trevilla.
Pero Paredes Montiel, funcionario de la CNDH, señala que sólo el 30% de las recomendaciones se han cumplido en su totalidad. “En el 70% hay partes que no se cumplen porque los procesos administrativos ante el fuero militar se alargan mucho”.
Alberto Herrera, de Amnistía Internacional, estima que la información expuesta es “ insuficiente ” porque omite detalles sobre “cuántos soldados han sido acusados, en qué circunstancias se dieron los abusos ya reconocidos, qué cargos enfrentan los militares inculpados y cómo determinaron en algunos casos que no hubo responsabilidad del personal militar”.
Señala que el informe “revela también la ineficiencia de la CNDH”, pues de todas las quejas, muy pocas derivan en una recomendación y no se sabe los motivos de que esto suceda.
“No nos explican si es porque las partes involucradas llegaron a un acuerdo, si no pudieron investigar, si no se encontraron pruebas, nada de eso significa que no hubo abusos, si el denunciante desiste jamás sabremos si fue o no una víctima”.
Fue el caso de la muerte de dos niños en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que balas de soldados habían causado su muerte , y que luego los militares involucrados habían tratado de alterar las pruebas.
El Ejército aceptó la recomendación, pero no su responsabilidad en el caso.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), considera que en su ejercicio de apertura el Ejército omite “el que es quizá el dato más importante” y es que la mayoría de los abusos son investigados por la justicia militar que es inapelable y aunque se acepten todas las recomendaciones “eso no significa que los responsables son castigados”.
