La ONU y la OEA advierten del peligro de ejercer el periodismo en México
Desde hace 10 años, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, lo que ha causado que comunidades enteras estén “totalmente silenciadas”, concluyeron los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras dos semanas y media de trabajo en el país.
En conferencia de prensa, Catalina Botero, de la CIDH, y Frank la Rue, de la ONU, explicaron que la impunidad, la autocensura y los intentos de grupos del narcotráfico por influir en los contenidos de los medios afectan la libertad de expresión en el país.
“El crimen organizado tiene interés en que cierta información no se publique. Lo que hay que hacer es exigirle al Estado que los proteja (a los periodistas). Lo que hay que hacer es obligar a las autoridades públicas y, en general, a toda la comunidad internacional que interviene en esos procesos, a que proteja a quienes quieren seguir con esa labor informativa”, dijo Botero.
El documento con las observaciones preliminares de las relatorías concluye que hay comunidades mexicanas “totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de impunidad”.
Las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indican que desde el 2000 han sido asesinados 64 periodistas y 11 más están desaparecidos.
“Nosotros presumimos que los mataron porque estaban informando, y si no es así, que nos demuestren lo contrario”, exigió Botero, quien explicó que no hay investigaciones que determinen con exactitud cuáles fueron las causas de esos crímenes.
Los relatores aseguraron que la responsabilidad de garantizar seguridad en el ejercicio periodístico es del Estado y que todos los delitos contra los comunicadores deben ser investigados.
“Todo acto de violencia contra periodistas debe investigarse por la profesión que esa persona tenía, asumiendo de inmediato que la profesión era el móvil”.
Botero y La Rue llegaron a México el 9 de agosto para observar la situación de la libertad de expresión en el país.
Durante su visita oficial , la primera que realizan mecanismos de ambos organismos multilaterales, los relatores de la CIDH y la ONU se reunieron con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; así como con los gobernadores de Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El documento preliminar de Botero y La Rue establece que la protección al derecho a la libertad de expresión debe formar parte de la agenda de seguridad ciudadana en México, con la instalación de un mecanismo de protección para periodistas a nivel nacional.
“La violencia en México afecta a todos los sectores de la población. Sin embargo, las agresiones contra periodistas y comunicadores tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores, generan zozobra y autocensura y privan a la sociedad del derecho de estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad”, dijo La Rue.
Además de recomendar el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, indicaron que se requieren políticas públicas integrales para garantizar que cualquier información pueda ser difundida en medios de comunicación.
El papel de las fuerzas de seguridad
En el último informe sobre agresiones a periodistas del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la organización Artículo 19, se documenta que en el último año hubo 244 ataques a la libertad de expresión.
Las organizaciones denuncian que las agresiones provienen en su mayoría del Estado. “Las estadísticas muestran que el principal responsable se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado”, indica el documento.
Al respecto, los relatores explicaron que se incluyó una recomendación para el gobierno mexicano.
“Todas las agresiones provenientes de la fuerza pública, las violaciones de derechos humanos que tengan como origen una persona vinculada a la fuerza pública deben ser investigadas y juzgadas por la justicia civil”, dijo Botero.
La representante de la CIDH dijo que el Estado mexicano debe impulsar procesos administrativos transparentes y ágiles para investigar estos casos, y permitir que los órganos de verificación de garantía de derechos humanos colaboren en la misma.
“De esa manera, la sociedad mexicana puede estar segura de que la lucha por la seguridad es también la lucha por los derechos humanos de todos los mexicanos”, señaló.
