La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría cambiar los "patrones de impunidad" al pronunciarse por eliminar el fuero militar y el cumplimiento de las , opinan especialistas en derechos humanos.
Este martes y jueves, la SCJN discute si está obligada a acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del guerrerense Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974 .
En su sentencia emitida en noviembre de 2009, la CIDH exhorta al Estado mexicano a que analice determinadas medidas de reparación del daño
, como imponer límites a la y crear un programa de formación sobre el debido juzgamiento del delito de desaparición forzada
, y que este tipo de delitos sean enjuiciados ante las autoridades civiles.
"No se trata de , es su obligación y responsabilidad del gobierno acatar la sentencia", dijo Humberto Guerrero de la Comisión mexicana de defensa y promoción de , en conferencia de prensa.
Agregó que existen casos de Estados que no cumplen las sentencias, pero "cuestionan las facultades de los órganos internacionales, es digno de estados dictatoriales, como el de Fujimori (en Perú)".
Mario Patrón del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que los ministros están ante "una oportunidad histórica de otorgar justicia a quienes durante décadas".
Señaló que si la Corte se pronuncia en contra del cumplimiento de la sentencia "sólo se estarían perpetuando los patrones de impunidad y evidenciaría la falta de compromiso del Estado mexicano con los ".
Por su parte, Luis Arriga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que "ya es momento de que el Ejército acate también las normas democráticas" al ceñirse a las leyes internacionales.
Resaltó que esta es "una oportunidad de oro" para que la SCJN demuestren que esta del lado de la justicia, de la democracia y de las víctimas (...) La oportunidad de cambiar su propia historia y la de México".
El martes, los ministros decidieron aún no elaborado por José Ramón Cossío Díaz, en el cual señala que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe atender cabalmente
dicha sentencia.
Determinaron que primero habría un debate sobre los procedimientos internos, que sería privado. Este jueves, reiniciarán la discusión pública del fondo del asunto.
El proyecto de Cossío señala que de acatarse la decisión de la CIDH, en los hechos se sentarían las bases para declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, el cual permite que autoridades castrenses juzguen a soldados acusados de cometer delitos en agravio de la población civil.