La muerte de Digna Ochoa podría ser reconocida como homicidio
La noche del 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa y Plácido, abogada y activista de derechos humanos, yacía boca abajo sobre uno de los sillones de su despacho, ubicado en el centro de la Ciudad de México.
Tenía un disparo en el muslo izquierdo, otro en la cabeza, y su cabello negro -que llegaba a la altura de las orejas- le cubría el rostro ensangrentado. Estaba muerta.
En 2003, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aseguró que Ochoa se había suicidado.
Nueve años después de su muerte, la misma dependencia podría concluir que la activista sí fue asesinada.
La PGJDF defiendió la tesis de suicidio
El cadáver de Ochoa tenía moretones a la altura del muslo derecho, en el cuello, la ceja izquierda y el lóbulo derecho; y en el centro de sus labios había marcas como si se los hubiera mordido fuertemente. Al lado del menudo cuerpo de la mujer veracruzana, de 37 años, había un trozo de papel.
“Pros, hijos de puta, si siguen así, a ustedes también les va a tocar. Conste que bajo advertencia no hay engaño", decía el papel firmado con una cruz.
La amenaza iba dirigida a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, donde Ochoa y Plácido trabajó durante 12 años.
De acuerdo con las primeras versiones de la Procuraduría capitalina (PGJDF), la abogada había sido asesinada por motivos políticos.
Sin embargo, tras dos años de investigaciones, la dependencia local concluyó que se suicidó.
Según el dictamen, al llegar a su despacho, la activista disparó hacia la pared para ver si la pistola funcionaba. Después se sentó en uno de los sillones para darse el disparo en el muslo, y al ver que no moría por hemorragia, se levantó, caminó hacia el sillón que estaba enfrente, se hincó y con la mano izquierda – aunque fuera diestra – se dio un tiro en la cabeza, portando la pistola con el gatillo hacia arriba.
El motivo de su suicidio, según la dependencia: una profunda depresión.
Las conclusiones de la PGJDF fueron cuestionadas por diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En julio de 2004, la Comisión de Derechos Humanos del DF publicó un informe sobre las investigaciones en torno al caso de la muerte de Ochoa y Plácido, en el que señalaba por lo menos nueve irregularidades.
En el documento se cuestionaba la no realización de pruebas de balística y la descripción incompleta de las lesiones sufridas por Ochoa.
La PGJDF había decidido tomar en cuenta para las investigaciones únicamente los dos balazos que le quitaron la vida a la activista. Los moretones, dijeron, podrían haber estado ahí días antes de la muerte.
La familia, así como su colega y amiga Pilar Noriega, aseguraron que Ochoa había sido asesinada por trabajar en la defensa de personajes involucrados en casos controvertidos.
Al momento de su muerte, investigaba el caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, en el estado sureño de Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel , quienes habían sido encarcelados por presunta posesión de armas y drogas, y que fueron torturados por elementos del Ejército mexicano.
Asimismo, había aceptado defender a los estudiantes Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, quienes fueron acusados de colocar explosivos en tres bancos de la Ciudad de México.
La reapertura del caso
El caso de la activista en derechos humanos que defendió también a presuntos zapatistas y guerrilleros no había terminado ahí.
En marzo del 2007, la PGJDF se vio obligada a reabrir el expediente sobre la muerte de Ochoa, a consecuencia de un recurso de amparo que ganó la familia.
Con dinero que recibieron de organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos y de colectas que realizaron entre amigos de los parientes y de la abogada, la familia pagó peritajes que ascendieron, cada uno, hasta 200 mil pesos.
Gracias al amparo, los resultados de dichos peritajes fueron incluidos como nuevas pruebas al expediente que estaba cerrado desde 2003.
A poco más de un mes de que se cumpla el noveno aniversario luctuoso de Digna, la PGJDF podría concluir que la activista en derechos humanos sí fue asesinada, según David Peña, abogado encargado de la defensa desde 2008.
“Nos han informado que el proyecto de conclusiones viene en el sentido de declarar homicidio y enviar el expediente a no ejercicio temporal, en virtud de que las pruebas en el expediente no son suficientes para determinar una responsabilidad específica”, dijo Peña en entrevista con CNNMéxico.
Esto quiere decir que, aún cuando se determine que sí fue asesinato, no se señalarán culpables.
Ni a la familia ni a la defensa le interesa ya señalar culpables, explicó Peña.
“Lo que queremos es que se limpie el nombre de Digna”.
En entrevista telefónica desde Veracruz, Jesús Ochoa, hermano de Digna, detalló que en las últimas reuniones que sostuvo con el procurador de Justicia del DF, Miguel Mancera, se le informó que las conclusiones se darían a conocer en septiembre, en un sentido que sería satisfactorio para los familiares.
“Para la familia, nos da satisfacción encontrar eco en la autoridad capitalina y que hayan conducido la investigación sin ningún compromiso político”, expresó.
Joel Díaz Escobar, fiscal de homicidios de la PGJDF, se negó a adelantar las conclusiones del caso, al señalar que el expediente aún está en proceso de revisión.
Sin embargo, Escobar dijo a CNNMéxico que las conclusiones del caso podrían hacerse públicas en menos de un mes.
