El gobierno de México enviará próximamente al Congreso una iniciativa para modificar el marco jurídico que rige a los militares, conocido como fuero militar.
Esto a fin de acatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que exige que los soldados que cometan delitos contra civiles sean juzgados por tribunales civiles, anunció el secretario de Gobernación,
Al resolver sobre el caso de Rosendo Radilla,
En su comparecencia ante el Congreso, Blake Mora dijo que el gobierno mexicano se comprometió a “establecer esta jurisdicción para que en algunos delitos los militares sean juzgados por el fuero común”, reportó Notimex.
Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, que comenzó en diciembre de 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 64 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos por parte de militares.
Organizaciones civiles critican el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, una estrategia empleada por Calderón a lo largo de su sexenio, pues aseguran que la actuación castrense en tareas de seguridad pública
El 5 de diciembre pasado,
La Procuraduría Militar
Blake aseguró que el gobierno tiene “una estrategia para recuperar los espacios públicos con la presencia del Estado y desarticular bandas criminales”, reportó Notimex.
El martes, en las comparecencias del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; del procurador general de la República, Arturo Chávez, y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Juan Miguel Alcántara, senadores de oposición
El funcionario afirmó que el gobierno mexicano está dispuesto a dialogar con el Congreso para fortalecer las instituciones del país.
“Encontrarán en mí, en todo momento, a un interlocutor permanente, facilitador y promotor activo para alcanzar los acuerdos que necesitamos”, dijo.
Pocos minutos después de que inició la comparecencia, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
Blake aseguró que continuarán las negociaciones con el SME, que integra a los ex trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC), quienes demandan que las autoridades les garanticen conservar sus fuentes de empleo.