El gobierno de México defiende los arrestos de funcionarios de Michoacán
El gobierno de México defendió este jueves la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la detención de 35 funcionarios del estado de Michoacán por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, a pesar de que 34 de ellos ya están en libertad.
El arresto de los funcionarios ocurrió a mediados de 2009, en un operativo federal del que no fue informado el gobernador michoacano, Leonel Godoy, y que es conocido como Michoacanazo. Entre los detenidos había alcaldes y miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría estatales.
Armando Medina Torres, alcalde del municipio de Múgica, es el único que sigue detenido, en tanto los 34 funcionarios restantes salieron libres porque la PGR no mostró los elementos suficientes para probar su culpabilidad.
Por la tarde de este jueves, el presidente Felipe Calderón justificó la acción de la PGR. “Si no hubiese en la Procuraduría General de la República una convicción elemental de la existencia de delitos y la presunta responsabilidad vinculada a personas, no se hubiera actuado de esa manera”, dijo a la agencia Notimex.
Antes, en un mensaje matutino, el procurador Arturo Chávez defendió la labor de PGR en la detención de los funcionarios de Michoacán.
“Es nuestra obligación darle a la sociedad una explicación puntual de lo ocurrido, y dejar en claro que la Procuraduría General de la República ha actuado y lo seguirá haciendo con estricto apego a derecho y con también estricto respeto a las garantías y a los derechos de cada uno de los ciudadanos”, dijo Chávez.
Durante el mismo acto, la subprocuradora Marisela Morales explicó que las investigaciones del caso comenzaron en noviembre de 2008, cuando las autoridades detectaron llamadas telefónicas y una lista del cártel de La Familia Michoacana . De esos elementos la PGR infirió la posible vinculación de decenas de funcionarios.
Meses después se efectuaron los arrestos y comenzó el proceso legal contra los inculpados, agregó Morales.
Los juzgados, al final, determinaron la liberación de 34 de los 35 funcionarios por falta de pruebas o sobreseimiento del caso, aunque —según Morales— varios de los acusados “no aportaron prueba que desvirtuara de manera contundente las imputaciones que habían en su contra”.
La PGR, dijo Morales, no comparte muchos de los fallos judiciales, pero respetará las decisiones de los jueces.
En julio de 2009, otro político michoacano acusado de nexos con el narcotráfico fue el diputado federal Julio César Godoy Toscano , medio hermano del gobernador.
Autoridades federales solicitaron la captura del legislador y afirman que éste permaneció prófugo hasta el 23 de septiembre pasado. Ese día, Godoy Toscano rindió protesta ante la Cámara de Diputados , luego de que un juez le concediera un amparo que restituía sus derechos civiles y políticos.
El gobierno federal aún puede apelar el fallo o promover un proceso de desafuero para juzgar al legislador.
